Un fallo laboral por $ 250 millones deja al borde del cierre a otra pyme
El dueño de una empresa de aditivos alimenticios reclamó por una sentencia judicial que consideró infundada tras la demanda de un ex empleado.
Mientras el Gobierno nacional impulsa cambios en la legislación laboral, se multiplican los reclamos de pequeñas y medianas empresas que advierten sobre el impacto de sentencias judiciales millonarias que consideran desproporcionadas y que, aseguran, ponen en riesgo la continuidad de sus actividades.
Uno de los casos más recientes es el de El Bahiense, una empresa dedicada a la producción de aditivos alimenticios, cuyo dueño, Mario Fiore, enfrenta una condena laboral que asciende a unos $ 250 millones, tras una demanda iniciada por un ex empleado.
Según relató Fiore, el conflicto se originó cuando el trabajador alegó problemas psicológicos y se ausentó durante 12 meses con goce de sueldo. Al reincorporarse a la planta, donde tenía 12 años de antigüedad, se produjo la pérdida de un proceso de 3.000 kilos de producto.
"Fue por un descuido, por no prestar atención a su trabajo", explicó el empresario. Tras ese episodio, la firma dispuso una suspensión de 15 días, pero el empleado se consideró despedido y avanzó con la demanda judicial. "No vino a hablar conmigo ni con mis hijos para plantear que le parecía injusto", sostuvo Fiore en declaraciones radiales.
La sentencia, dictada el 13 de junio, había fijado inicialmente una condena de $3.018.834, pero el monto se incrementó de forma exponencial por la aplicación de intereses y el índice de actualización utilizado por la jueza Lucrecia Pedrini, la misma magistrada que intervino en el caso Piegari. Así, la cifra final escaló hasta los $ 250 millones.
"Si yo pudiera conseguir la tasa de interés que aplican, que no sé si es de Marte o de la Luna, sería del 20% mensual", cuestionó Fiore.
El empresario también señaló que el ex empleado vivía en Chacabuco y que la empresa le había otorgado una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires para que pudiera radicarse con su esposa. Además, remarcó que El Bahiense cuenta con 72 empleados, todos debidamente registrados, y cumple con sus obligaciones fiscales y laborales. "No se puede seguir castigando a las empresas. Nosotros damos trabajo", afirmó.
OTROS CASOS QUE REAVIVAN EL DEBATE
El caso de El Bahiense no es aislado. En las últimas semanas trascendieron otros conflictos que reavivaron el debate sobre el funcionamiento de la justicia laboral.
Uno de ellos es el del restaurante Piegari, cuyo dueño, Alberto Chinkies, cuestiona una sentencia que ordenó un embargo preventivo de $ 155 millones, en una demanda iniciada por un ex empleado que se consideró despedido durante la pandemia. La demanda total asciende a $ 270 millones, incluyendo intereses y multas.
Otro caso emblemático es el de Naranja Mandarina, una micropyme de indumentaria infantil de la provincia de Buenos Aires, que enfrenta una deuda judicial de $ 190 millones y un embargo de $ 330 millones, montos que superan ampliamente su facturación anual. El fallo incrementó la deuda en más de 1.200%, y aunque la empresa apeló ante la Suprema Corte bonaerense, el embargo paralizó su actividad y puso en riesgo su continuidad.