Leyes clave y fuertes disputas marcaron el año legislativo en Chaco

Tensos cruces, sesiones caídas por falta de quórum, diferencias entre bloques y decisiones que generaron polémica, incluso una votación que derivó posteriormente en una desafiliación partidaria. El año parlamentario en Chaco estuvo atravesado por disputas entre legisladores, en un ciclo también marcado por el recambio legislativo, que se concretó el 1 de diciembre con la jura de los diputados provinciales electos y el 10 de diciembre, con su asunción.

En ese contexto, la Legislatura chaqueña abordó un amplio abanico de proyectos vinculados a temas económicos, financieros y administrativos, además de iniciativas productivas, ambientales, judiciales, de seguridad, control y transparencia, políticas sociales, salud, educación, infraestructura y desarrollo territorial.

Las normas tratadas fueron desde el Presupuesto 2026 (en una de las últimas sesiones), la ratificación de la emergencia económica y financiera, distintos proyectos de Ficha Limpia, iniciativas vinculadas al uso de celulares en escuelas y la prevención de la ludopatía infantil. A continuación, un repaso por los proyectos más relevantes del año, algunos de los cuales fueron sancionados y convertidos en ley, en un 2025 que contó con 18 sesiones ordinarias.

MULTAS POR DESMONTES ILEGALES

El 23 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley 1861/24, que modificó la Ley 2079-R y estableció multas por desmontes ilegales de hasta diez veces el valor base por cada hectárea afectada. La iniciativa, presentada por el diputado Juan José Bergia, tuvo como objetivo responder a la creciente presión sobre el monte nativo y a las prácticas ilegales.

La norma prevé sanciones más severas cuando las infracciones ocurren en zonas de alto valor de conservación (categorías amarilla o roja del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) o cuando se detecta el uso de cadenas para la remoción del monte. Además, incorporó la obligación de restaurar el bosque nativo dañado mediante la ejecución de un plan de reparación del daño.

PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

El 14 de mayo, durante la quinta sesión ordinaria, la Legislatura ratificó la prórroga de la Emergencia Económica y Financiera de la provincia. La medida quedó establecida por ley tras convalidar lo dispuesto previamente por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 203/25, que extendió la declaración de emergencia para la provincia.

FICHA LIMPIA

Hacia fines de mayo, diputados del interbloque del Frente Chaqueño presentaron un proyecto de "Ficha Limpia" denominado "Democracia Limpia". La iniciativa buscaba establecer condiciones legales y éticas para el acceso, la permanencia y el desempeño de cargos públicos, tanto electivos como no electivos, en los tres poderes del Estado.

El proyecto proponía excluir a personas con sentencia firme por delitos contra la administración pública, la integridad sexual, el orden constitucional o la propiedad, así como por delitos de lesa humanidad o infracciones a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes. También prohibía la postulación de personas incluidas en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos hasta tanto regularicen su situación.

Un mes después, el diputado, Juan José Bergia presentó otra iniciativa de Ficha Limpia, orientada a impedir que personas físicas o jurídicas incluidas en el Registro Único de Personas Violentas (RUPV), o condenadas con sentencia firme por delitos graves como homicidio, abuso sexual, secuestro, corrupción o crímenes de lesa humanidad, puedan ser proveedoras, contratistas o prestadoras del sector público provincial. En estos casos, la exclusión se extendería por ocho años desde el cumplimiento de la pena.

REPARACIÓN HISTÓRICA PARA PERSONAS TRANS

A comienzos de julio, un grupo de diputados peronistas presentó un proyecto de ley de "reparación histórica" destinado a personas transgénero, transexuales y travestis. La iniciativa buscaba compensar situaciones de "discriminación, estigmatización y exclusión social" y garantizar su integración socioeconómica.

El beneficio, de carácter vitalicio, consistía en el pago de dos Salarios Mínimo Vital y Móvil. Para acceder, se establecían requisitos como ser ciudadano argentino, residir en Chaco, tener más de 45 años y acreditar haber sufrido privaciones de libertad o discriminación sistemática, especialmente como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de identidad de género.

Además del beneficio económico, el proyecto impulsado por Juan Carlos Ayala, Andrea Charole, Teresa Cubells, Rodrigo Ocampo, Silvia Quirós, Rodolfo Schwartz y Nicolás Slimel, entre otros, contemplaba políticas públicas complementarias en materia de salud, educación, trabajo y vivienda.

FUERTE DISPUTA POR LA CLÁUSULA GATILLO

La cláusula gatillo fue desencadenante de una de las sesiones más escandalosas del año. Fue el 20 de agosto, cuando la Cámara de Diputados del Chaco trató el proyecto que buscaba convertir al mecanismo de actualización salarial en ley permanente para el sector docente. Sin embargo, después de varios idas y vueltas, la iniciativa fue archivada.

El 21 de octubre, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo ordenó a la Provincia restablecer la cláusula gatillo. El fallo dispuso incrementar el "Valor Índice Uno" docente según la variación del Índice de Precios al Consumidor nacional acumulado en el segundo y tercer trimestre del año (julio y octubre de 2025, respectivamente).

Ante esa situación, 10 días después, el Gobierno provincial, utilizando el plazo reglamentario, presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) un recurso para apelar la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La apelación, firmada por el fiscal Roberto Alejandro Herlein, calificó la sentencia como "arbitraria, ilegítima e inconstitucional," argumentando que los jueces laborales "invadieron potestades propias del Poder Ejecutivo y del Legislativo" al imponer un sistema salarial sin base legal ni previsión presupuestaria. El desenlace del conflicto quedó en manos del STJ.

PROTECCIÓN AL PERSONAL DE SALUD

Durante los primeros días de septiembre, diputados provinciales, entre ellos Samuel Vargas y Carlos Salom, presentaron un proyecto para modificar el artículo 60 inciso B de la Ley 850-J del Código de Faltas, con el objetivo de agravar las sanciones por agresiones al personal de salud.

La normativa vigente establece sanciones de 30 días de arresto o una multa equivalente a seis salarios mínimos por agresión física o amenazas. La iniciativa proponía duplicar esas penas cuando la víctima sea personal de salud en ejercicio de sus funciones, elevando las sanciones a 60 días de arresto o una multa equivalente a 12 salarios mínimos.

PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA INFANTIL

En la 13ª sesión ordinaria, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad la ley de prevención y protección de niños, niñas y adolescentes frente al consumo problemático de juegos virtuales de azar. La norma creó un programa destinado a promover prácticas saludables, prevenir la adicción a las apuestas en línea y educar sobre los riesgos asociados, además de limitar el acceso de menores a este tipo de juegos.

En la misma sesión, el cuerpo legislativo aprobó la adhesión provincial a la Ley Nacional N° 27.669, que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. La adhesión contempla la participación de pacientes, autocultivadores, ONG, asociaciones civiles, pymes, cooperativas, farmacias, laboratorios y productores industriales.

USO DE CELULARES EN ESCUELAS

El 9 de octubre, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, junto al secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, presentaron un proyecto de ley para implementar una campaña de concientización sobre el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en niños, niñas y adolescentes. El texto, un tema pendiente para el 2026, advierte sobre posibles efectos negativos de la exposición temprana y no regulada a las pantallas en el desarrollo cerebral y el aprendizaje.

Apenas un día hábil después, el lunes 13 de octubre, diputados peronistas presentaron una iniciativa alternativa para restringir el uso de celulares en las escuelas chaqueñas, bajo el programa de Convivencia digital y uso responsable de celulares e inteligencia artificial, autoría de los diputados Paola Andrea de las Mercedes Benítez, Analía Inés Flores, Rubén Omar Guillón, Santiago Pérez Pons y Silvia Mariela Quirós. El proyecto establecía en su artículo 4 que cada institución educativa deberá implementar un sistema de recolección, guardado y devolución de dispositivos al inicio y al final de la jornada escolar.

EXPROPIACIÓN DE LA CHANCHERÍA DE LOS SENA

El 27 de octubre, el Ejecutivo provincial presentó un proyecto de ley para expropiar el campo conocido como la "chanchería", propiedad de Emerenciano Sena, ubicado en el departamento Libertad. La iniciativa declara los terrenos de utilidad pública con el objetivo de ejecutar políticas públicas vinculadas a la reinserción social, la capacitación laboral, la educación y la recuperación de adicciones, a través de Centros Socioeducativos Juveniles, Centros de Detenidos y Espacios de Capacitación Laboral.

"Se hizo un relevamiento del estado de dominio, a nombre de quién está, y en base a eso se resuelve la expropiación. Si hubiera estado a nombre de la provincia, directamente podríamos ocupar el inmueble, como lo hicimos con un montón de quinchos de piqueteros", explicó en aquel momento el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez. "La expropiación lo que hace es sacar el título de propiedad y poner el título a nombre de la provincia, con un pago de una suma de dinero que nosotros queremos asegurar que se deposite en cuentas judiciales", detalló luego.

PRESUPUESTO 2026 Y RETIRO VOLUNTARIO

En noviembre, durante la sesión ordinaria número 16, la Legislatura sancionó el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal 2026 y aprobó la creación de un régimen de retiro voluntario para empleados de la administración pública.

El Presupuesto fue aprobado con 29 votos a favor, dos en contra y una abstención. A pesar de los cruces y disputas entre las bancadas, los legisladores avalaron la ley que establece erogaciones que ascienden a 4,4 billones y proyecta un resultado financiero favorable de $ 156,5 millones. Además, autoriza la emisión de Letras del Tesoro por hasta $ 140.000 millones y fija los límites de la planta de personal de la administración provincial.

Por otra parte, también se aprobó el proyecto de ley que establece el régimen de retiro voluntario móvil. La iniciativa fue sancionada por mayoría, tanto en general como en particular, con 26 votos afirmativos, uno de permanencia en cartera y una abstención.

Impulsado por el oficialismo y con la firma del diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Carim Peche, el régimen instituye el Retiro Voluntario Móvil, que consiste en el pago mensual de una asignación personal por parte del Estado provincial al titular, cuyo cobro finalizará cuando el beneficiario acceda a su jubilación en el régimen provincial, renuncie o fallezca.

FONDO DE ALTA COMPLEJIDAD DEL INSSSEP

En la anteúltima sesión ordinaria del año, los diputados aprobaron modificaciones en el financiamiento del Fondo de Alta Complejidad del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP). La reforma redefine los porcentajes de aportes personales y contribuciones estatales, para agentes y funcionarios de los tres Poderes del Estado.

La modificación se concreta a través de la redefinición del artículo 37 de la Ley 800-H. Los cambios establecen diferencias claras en las tasas aplicadas según la función del afiliado. En lo referente al aporte personal, la ley fija que los agentes pertenecientes a la administración pública provincial y municipal contribuirán con el 2% de sus remuneraciones. Por otra parte, para los funcionarios electivos y aquellos con cargos de conducción superior dentro de los tres Poderes del Estado, el aporte personal se establece en el 2,5%.

Respecto a las contribuciones estatales destinadas al Fondo, se dispuso una contribución del 2% por parte del Estado provincial, los municipios, ECOM Chaco S.A. y el Fondo de Jubilaciones del InSSSeP, aplicable a los agentes de la administración. En el caso de los funcionarios alcanzados por la normativa, la contribución estatal asciende al 2,5%.

CIERRE DEL PERÍODO ORDINARIO Y SESIONES EXTRAORDINARIAS

En la última sesión ordinaria de 2025 se sancionaron varios proyectos y se despidió a 16 legisladores que concluyeron su mandato. Entre las leyes aprobadas se encuentra la reforma del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Re.D.A.M.), que endurece los criterios de incorporación y restringe trámites civiles a quienes registren deudas.

Tras el cierre del período ordinario, el gobernador Leandro Zdero convocó a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de consolidación de deudas del Estado al 31 de diciembre de 2025, cuya reprogramación tenía previsto cumplir con proveedores mediante la implementación de un esquema planificado y con el uso de los "Bonos Chaqueños de Consolidación 2025". Así, se buscaba unificar las obligaciones financieras vigentes y mejorar las condiciones de pago con "emisión de esos bonos como instrumento destinado a la normalización y ordenamiento de las obligaciones vencidas o con título anterior al 31 de diciembre de 2025".

El objetivo de la Provincia es dar una solución específica para hacer frente a la presión de pagos acumulados, provenientes de proveedores, contratistas, prestadores de servicios, municipalidades y otros acreedores. De sancionarse, se preveía que la ley establezca un esquema con tope máximo de $ 300.000 millones, donde se incluirán obligaciones a cargo del Poder Ejecutivo provenientes de rentas generales, el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) y otros organismos autárquicos.

El Ejecutivo, asimismo, esperaba que se tratara una iniciativa para modificar la Ley 1115-C, de incorporar la participación privada y la pública privada. La sesión fue programada para 9 de diciembre, sin embargo, ambos proyectos fueron girados a la Comisión de Hacienda, ante la falta de consenso para su tratamiento en el recinto.

Ante ese panorama, y con la nueva conformación de la Cámara de Diputados, el oficialismo inició gestiones para retomar el debate y avanzar en estos temas considerados prioritarios para la gestión provincial.