Un comerciante tendrá que pagar casi $ 7 millones al Garrahan por vender ropa trucha
Se trata de un acuerdo judicial de reparación integral que permitió cerrar el proceso penal contra un comerciante acusado de vender ropa y bolsos falsificados en el barrio porteño de Once. El imputado deberá pagar $6,7 millones en tres cuotas, monto que será destinado a la Fundación Garrahan.
La Justicia federal homologó un acuerdo de reparación integral que permitió cerrar una causa penal contra un comerciante acusado de infringir la Ley de Marcas, tras comprobarse que comercializaba indumentaria y accesorios falsificados en el barrio porteño de Once.
El caso involucró a cuatro locales donde se ofrecían prendas y bolsos con logos de marcas reconocidas, que resultaron ser apócrifos. En total, se secuestraron más de mil artículos, los cuales serán donados a una institución de bien público. Además, el imputado deberá abonar una suma de 6,7 millones de pesos como reparación económica, que será destinada a la Fundación Garrahan y pagada en tres cuotas.
La investigación
La causa se inició en mayo de 2023, luego de que efectivos de la Brigada Operativa de la Policía Federal detectaran a un hombre descargando bolsas desde una camioneta Renault Kangoo hacia uno de los comercios, ubicado en la esquina de Corrientes y Azcuénaga. En el interior del vehículo se hallaron 191 sweaters con la inscripción de una marca de prestigio, acompañados por un remito emitido por una empresa que no coincidía con la titular del producto.
A partir de ese procedimiento, la Justicia ordenó una investigación más amplia que permitió establecer que la cadena contaba con cuatro sucursales. Los allanamientos posteriores confirmaron que en todos los locales se vendía mercadería falsificada, incluyendo 753 prendas y 250 morrales con logos de marcas de alta gama. Un peritaje oficial determinó que todos los artículos eran apócrifos.
El acuerdo
Antes de prestar declaración indagatoria, el dueño de los comercios propuso una reparación integral para evitar la continuidad del proceso penal. En una primera instancia, ofreció pagar dos millones de pesos, pero el fiscal del caso, Ramiro González, consideró que el monto no guardaba relación con la capacidad económica del acusado ni con el valor de la mercadería incautada.
En su dictamen, el fiscal señaló que, incluso tomando los precios más bajos de comercialización de las prendas —que oscilaban entre los 6.000 y los 100.000 pesos—, la propuesta resultaba insuficiente frente al volumen del secuestro y al patrimonio del imputado, que incluía ingresos mensuales elevados, propiedades y vehículos de alta gama.
Durante una audiencia convocada por el Juzgado Federal a cargo de Sebastián Casanello, el comerciante mejoró su oferta y propuso abonar seis millones de pesos en tres pagos. La fiscalía avaló la nueva cifra, aunque exigió que las cuotas se actualicen por inflación y que el dinero sea destinado a una entidad pública. Finalmente, se fijó como beneficiaria a la Fundación Garrahan.