Ley de Estabilidad Fiscal: cuáles son las claves del proyecto que impulsa el Gobierno
La iniciativa establece límites estrictos al gasto público, prohíbe la aprobación de presupuestos deficitarios y prevé sanciones penales para los funcionarios que incumplan las reglas fiscales.
La Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria surgió del Consejo de Mayo, y la misma incorpora un conjunto de mecanismos legales destinados a garantizar el equilibrio financiero presupuestario y a evitar el déficit en la Administración Nacional.
Esta iniciativa aspira a que tanto el gobierno central como las provincias y los municipios no puedan excederse en los gastos, con el fin de no poner en riesgo el resultado fiscal. Asimismo, establece penas para los funcionarios que incurren en este desvío y a los funcionarios del Banco Central que rompan con la regla de emisión monetaria que garantice el equilibrio.
PUNTOS IMPORTANTES:
La propuesta establece que el Presupuesto General de la Administración Nacional debe ser equilibrado o superavitario y prohíbe expresamente aprobar presupuestos deficitarios. Si durante la ejecución se detecta una caída de recursos o un aumento de gastos que ponga en riesgo ese objetivo, el Jefe de Gabinete podrá aplicar un mecanismo de ajuste, priorizando la reducción de partidas que no tengan montos mínimos fijados por ley.
También refuerza la disciplina del gasto: ningún funcionario podrá autorizar pagos o aumentar gastos que no estén previstos en el presupuesto vigente o que no cuenten con financiamiento. A su vez, el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar el gasto primario.
En el Congreso se exigirá un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo para todo proyecto que genere gastos o afecte recursos, y las leyes que creen gastos no previstos solo entrarán en vigencia cuando las partidas estén incluidas en el presupuesto siguiente, salvo que cuenten con financiamiento específico suficiente.
La iniciativa prevé la nulidad absoluta de las normas que violen estas reglas y establece sanciones penales: prisión de uno a seis años para funcionarios que autoricen gastos sin respaldo presupuestario y de tres a diez años para funcionarios del Banco Central que ordenen emisión monetaria en violación de las normas legales.
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