Diputados definirá si avala la reprogramación de deudas por $300.000 millones
En sesión extraordinaria, solicitada por el Poder Ejecutivo, este martes se buscará sancionar una ley que oxigene las finanzas provinciales y traiga previsibilidad a los proveedores del Estado. Además, otra ley buscará incorporar la iniciativa privada a proyectos de desarrollo de puertos.
El Poder Legislativo de Chaco deberá afrontar este martes 9 una jornada crucial para la provincia. Ya en la recta final del año, esta circunstancia pone en el foco de atención de toda la provincia (tanto el sector público como el universo de empresas privadas que son proveedoras del Estado). La sesión extraordinaria fue convocada desde las 18, con dos temas propuestos por proyectos enviados desde el Poder Ejecutivo. Con la firma del gobernador Leandro Zdero la solicitud ingresó la semana pasada para tratar en sesiones extraordinarias dos temas de vital importancia para las finanzas provinciales. La importancia quedó expresada en la comunicación oficial, ya que allí el primer mandatario dejó expresado que son temas "que apuntan a facilitar la solución a cuestiones que en la gestión del Estado Provincial no admiten dilaciones".
REPROGRAMAR DEUDAS
En el temario, Zdero solicitó que se trate el Proyecto de Ley de consolidación de deudas del Estado al 31 de diciembre de 2025, cuya reprogramación permitirá cumplir con proveedores a través de un esquema planificado y con la utilización de los "Bonos Chaqueños de Consolidación 2025".
Esta iniciativa planteada por el Ejecutivo tiene por objeto unificar las obligaciones financieras vigentes y mejorar las condiciones de pago, mediante la "emisión de esos bonos como instrumento destinado a la normalización y ordenamiento de las obligaciones vencidas o con título anterior al 31 de diciembre de 2025". De esta manera, la provincia busca una solución específica para afrontar la presión de pagos acumulados, provenientes de proveedores, contratistas, prestadores de servicios, municipalidades y otros acreedores, que a esta altura -reconocido por los propios funcionarios- supera la capacidad de respuesta financiera del Tesoro Provincial, incluso considerando mecanismos ordinarios de programación de pagos.
Esta ley definirá un esquema en el cual se puso un tope máximo de 300.000 millones de pesos, donde se incluirán las obligaciones a cargo del Poder Ejecutivo provenientes de rentas generales y el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), más otros organismos autárquicos. También se ha invitado a adherirse a las municipalidades de la provincia, que deberán garantizar los pagos con retenciones a las liquidaciones del Fondo de Participación Municipal.
El bono que se incluye en la ley como herramienta de pago, regirá con base en ciertas condiciones como la tasa Badlar y un período de gracias de dos años en los cuales se pagarán solamente intereses; y a partir del tercer año se pagarán montos de capital más intereses.
LAS INVERSIONES ESPERADAS
En el caso de la segunda iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo para la sesión extraordinaria de este martes, se trata de una ley por la cual se propone la modificación del artículo 10 de la Ley 1115-T, incorporando la iniciativa privada y participación pública privada "como mecanismos para que el sector privado pueda proponer y desarrollar proyectos de interés público para el desarrollo de puertos".
Además, propone la "incorporación del régimen de contratación público-privada a la cual la Provincia adhirió, en consonancia con el régimen nacional Ley N° 27328", que busca facilitar la inversión privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos. La iniciativa también establece que "en caso de cesión de la operatoria y explotación de la actividad privada, deberá garantizar a prestación de los servicios a quien lo requiera, de acuerdo a las tarifas, tasas y precios que se establezcan".
OXIGENO PARA LAS CUENTAS PÚBLICAS
Durante el fin de semana, en declaraciones a Diario Chaco, el diputado Iván Gyoker, presidente de la Comisión de Hacienda, calificó a esta sesión extraordinaria como una instancia "altísima en relevancia, porque permitirá profundizar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas iniciado al asumir el gobierno". Según explicó, la herramienta de consolidación de deudas dará "mayor margen para ordenar prioridades y avanzar en áreas sensibles como salud, educación e infraestructura".
Asimismo, remarcó que la iniciativa "también busca otorgar previsibilidad a los proveedores que ya prestaron bienes y servicios al Estado, garantizando el cobro y capitalizando sus acreencias mediante intereses. De esta manera, se va a recomponer la relación con el sector privado, estabilizar obligaciones atrasadas y liberar recursos que permitan concentrarse en la mejora de los servicios que recibe la ciudadanía".
Además, Gyoker hizo referencia a la segunda iniciativa enviada por el Ejecutivo. "Se trata de una actualización del régimen de concesiones y contratos público-privados que en estos momentos se torna indispensable para modernizar los marcos normativos y habilitar nuevas inversiones en infraestructura, especialmente en puertos y servicios estratégicos. La ley vigente quedó desactualizada y no genera incentivos adecuados para que los privados asuman compromisos sostenidos", enfatizó el diputado para finalizar con una advertencia: "Es una responsabilidad enorme que las circunstancias nacionales y locales de la economía, pone en manos de nosotros como diputados y esperamos que todos los bloques políticos actúen a la altura de lo que está en juego".