
Periodista
Chaco busca desatar el nudo de una deuda asfixiante
La Legislatura deberá debatir la ley para consolidar deudas por hasta $300.000 millones, mediante la emisión de los Bonos 2025. El Estado chaqueño se propone dar previsibilidad al pago de proveedores, evitar litigios y recuperar capacidad de gestión en un contexto marcado por la crítica situación financiera de la provincia.

La Cámara de Diputados se apresta a vivir el martes próximo, una de esas jornadas en donde concentra la atención de toda la sociedad, siempre con la esperanza de escuchar un debate profundo, serio y a fondo, en el cual las chicanas queden archivadas, al menos por un rato.
Es que no puede tomarse a la ligera este pedido de consolidación de deudas que realizó a través del Proyecto de Ley número 2725 el Poder Ejecutivo. Esto es llanamente un reconocimiento: "Así como estamos y vamos, no se puede afrontar el futuro; asi que necesitamos reacomodar todos los papeles sobre el escritorio y ver de qué manera también nos proponemos líneas para crecer y generar recursos". Muchas veces se discute sobre el sentido de oportunidad de los sinceramientos políticos. En este caso, bienvenido sea el deseo de pagar las deudas que se están acumulando en áreas sensibles como los proveedores de comedores escolares y del sistema de salud, por poner los casos considerados prioritarios. También debe destacarse que una herramienta financiera de estas características abre una verdadera posibilidad de previsión para otras áreas que, justamente, suelen ser dejadas de costado en momentos cruciales.
Hace mucho que la provincia viene experimentando que la economía viene siendo empujada por nuestro conocido viento norte y como tal no se puede sentir sino que todo está seco y caliente. En diálogo con Diario Chaco, hace solamente 24 horas, el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, reconocía que la deuda flotante está calculada actualmente en poco más de 130.000 millones de pesos, pero esa cifra aún faltaba ser actualizada con el agregado del "agujerito" que arrastra el INSSSEP.
La presión de pagos acumulados con proveedores, contratistas, prestadores de servicios, municipalidades y otros acreedores, supera la capacidad de respuesta financiera del Tesoro Provincial, incluso considerando mecanismos ordinarios de programación de pagos
CIFRAS Y MEMORIA
Por eso, el proyecto de ley habla de un esquema en el cual se puso un tope máximo de 300.000 millones de pesos para la consolidación, donde se incluirán deudas con proveedores del Poder Ejecutivo y de organismos descentralizados. Las obligaciones serían cubiertas con la emisión de los "Bonos Chaqueños de Consolidación 2025". Estos serían los instrumentos para normalizar y ordenar todas las obligaciones vencidas o con título anterior al 31 de diciembre de 2025. Este título tendrá características especiales como regirse en base en base a la tasa Badlar y establecer un período de gracias de dos años en los cuales se pagan solamente intereses; y a partir del tercer año se paga capital más intereses.
En esa charla Abraam dejó en claro que la presión de pagos acumulados, provenientes de proveedores, contratistas, prestadores de servicios, municipalidades y otros acreedores, supera la capacidad de respuesta financiera del Tesoro Provincial, incluso considerando mecanismos ordinarios de programación de pagos. Es decir, Chaco está parado ante una situación excepcional y se requiere por ello de una herramienta que contemple esas características donde lo denso y lo urgente se combinan de manera muy peligrosa.
En definitiva, esta posibilidad de consolidar deudas y de emitir un bono que dé certezas a los acreedores debe entenderse como una manera de reconocer la voluntad de pago del Estado, evitando incluso que, en todo su derecho, aquellos acreedores que se sientan en peligro acudan a la vía judicial. Hay antecedentes recientes que deben servir, como fue en septiembre de 2023, cuando debía comenzar la transición de una a otra gestión y los pagos se paralizaron acumulando acreencias en todas las áreas del Estado que se parecía mucho a un polvorín.
Además, nadie puede esconder un contexto general de adversidades resaltadas a partir de la recesión que fue el clima de la economía en todo el país. Pero a eso, hay que agregar que en los últimos dos años, el Estado chaqueño tuvo que afrontar el pago de los bonos internacionales que en su momento emitió por un valor nominal de US$ 250 millones. Fueron cuatro cuotas de US$ 40 millones cada una (incluyendo amortización e intereses). Si se prefiere dimensionar mejor el valor, digamos que cada 6 meses Chaco tuvo que pagar, al cambio actual de la moneda estadounidense, unos 57.800 millones de pesos.
Por eso, volvemos a la idea que resulta simple encontrar las razones para que en este momento la provincia decida, mirando el cinturón ajustado en el último de los agujeros, diseñar un plan que le permita juntar todos los papeles sobre la mesa y reordenarlos. Sólo así se podrá poner en claro aquellas cuestiones prioritarias donde se acumulan deudas para que puedan volver a entrar en una dinámica virtuosa de prestación de servicio y cumplimiento con los proveedores.
Imaginamos que en el debate legislativo se van a querer revisar muchos detalles que son indispensables para que la operatoria sea exitosa. Con ese espíritu bienvenido sea el debate que allí se genere. Hay que recordar que justamente los pagos de 40 millones de dólares semestrales que mencionamos en el párrafo anterior llegaron a este momento por maniobras tan legales como este pedido de consolidación 2025, que utilizaron gobiernos anteriores para estirar los plazos de la gigantesca en dólares que acumuló el proceso judicial por la ley de enganche. Para los que fallan en la memoria (o los más jóvenes que tal vez ni sospechen que esto haya ocurrido) estamos hablando de un reclamo de funcionarios y trabajadores de la justicia que habían sido dejado de lado de la Ley de Enganche en una actualización de sueldos cercana al 100% que se lo reservaron para ellos los cinco integrantes que tenía en 1991 el Superior Tribunal de Justicia.
A todo esto, y de puro insistidores y memoriosos, aunque todos los protagonistas de aquella absurda decisión del STJ ya estén muertos, reiteramos nuestro criterio que jamás el máximo tribunal de la provincia pidió las disculpas del caso a la sociedad chaqueña por el daño provocado por aquellos cuatro jueces que votaron ese "desenganche".Claramente fueron cuatro porque solamente Héctor Toledo fue el ministro que advirtió en su fallo en disidencia las tremendas consecuencias que esto podría traer a la provincia.
En los últimos dos años, el Estado chaqueño tuvo que afrontar el pago de semestral de los bonos internacionales emitidos en su momento, por un valor nominal de US$ 250 millones. Fueron cuatro cuotas de US$ 40 millones cada una, o 57.800 millones de pesos cada seis meses, si asi se entiende mejor el tamaño de la obligación.
LECTURAS OBLIGATORIAS
La previa de este martes extraordinario para la Legislatura se da con un fin de semana extendido por el feriado. Entendemos que ese factor debería ayudar para que todos los diputados lleguen sabiendo de qué se trata todo esto. Si leen el articulado del proyecto tendrán en claro que no se generan nuevas deudas, pues el sistema plantea ordenar las generadas hasta el 31 de diciembre y reorganizar su pago con los bonos que crearía esta ley.
Si esta herramienta es bien usada por el Poder Ejecutivo, en la medida que vaya pagando ordenada y voluntariamente las acreencias, también va a estar recuperando el oxígeno que fue escaso y por momentos nulo en estos últimos dos años, por el impacto de las estrictas indicaciones nacionales buscando que el déficit cero en el Estado, a cualquier precio. Si a eso le agrega un manejo claro y transparente de la herramienta financiera, se puede esperar que en poco tiempo la provincia comience a recuperar los músculos propios para gestionar las obras públicas que son las únicas que pueden mover toda la cadena productiva en economías débiles como las de nuestra región.
En definitiva, el martes 9 desde las 18 se verá cuáles actitudes asumen los distintos bloques políticos de la Cámara de Diputados. El problema está planteado y no admite ser tomado a la ligera ni ser llevado al ritmo de chicanas y burlas. Seguramente habrá varios aspectos que deberán resolverse como la no existencia de un despacho de comisión, ya que el proyecto ingresó hace pocas horas. Se puede esperar, entonces, una sesión de muchas horas; de idas y vueltas y de consultas cruzadas para cuidar las formas que exige una aprobación de esta importancia. Hagan lo necesario, pero – por favor- estén a la altura del complejo momento que vive la provincia.
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