Reforma penal: suba generalizada de penas, prisión efectiva y límites más estrictos
El proyecto presentado por Patricia Bullrich propone un fuerte endurecimiento del régimen penal y redefine los criterios para la prisión efectiva. La iniciativa sería tratada en las sesiones extraordinarias en el Congreso.
Entre los proyectos que el Gobierno buscará tratar en las sesiones extraordinarias se encuentra la reforma del Código Penal, que fue presentado por Patricia Bullrich y que propone un aumento generalizado de penas y la imprescriptibilidad de los delitos considerados especialmente graves.
La iniciativa plantea un endurecimiento sin precedentes del régimen penal y una redefinición de los criterios para la prisión efectiva. Uno de los cambios más relevantes es el aumento de la pena del homicidio simple, que pasaría de los actuales 8 a 25 años a un rango de 10 a 30 años.
La tendencia se replica en otras figuras: se agravan las sanciones por lesiones leves, lesiones por conducción imprudente y abuso de armas, entre otros delitos. En el caso del homicidio agravado, se mantiene la prisión perpetua, pero se incorporan nuevos supuestos que ampliarían su alcance.
El proyecto también introduce la imprescriptibilidad para delitos especialmente graves, como homicidios agravados, abusos sexuales en todas sus modalidades, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, trata de personas, secuestros extorsivos, terrorismo y atentados contra el orden constitucional.
Otra de las modificaciones centrales es que, según la propuesta oficial, el 82% de los delitos debería cumplirse con prisión efectiva. A la vez, se restringen significativamente los beneficios de liberación anticipada: homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas y delitos cometidos con reincidencia quedarán excluidos de cualquier reducción de pena. En paralelo, las condenas a prisión perpetua ya no tendrán límite temporal.
El proyecto contempla también la pérdida de la jubilación de privilegio para funcionarios públicos condenados y un fortalecimiento del marco legal de la legítima defensa.
Entre las subas de penas más relevantes se destacan:
Lesiones leves: de 1 mes–1 año a 1–3 años.
Lesiones por conducción imprudente: de 1–3 años a 2–6 años; y su figura agravada, de 2–4 años a 3–6 años.
Abuso de armas: máximo de 6 años.
Delitos vinculados a pornografía infantil: penas de hasta 12 años.
Privación ilegal de la libertad: de 6 meses–3 años a 1–4 años.
Trata de personas: máximo de 10 años; en su forma agravada, hasta 15 años.
Hurto: de 1 mes–2 años a 1–3 años.
Robo simple: 3–8 años.
Estafa: 1–8 años más multa.
Usurpación: 3–10 años.
Agresiones en manifestaciones: 2–5 años; si la víctima es un funcionario público, 3–9 años.
Portación de armas: mínimo de 3 años y 6 meses, máximo de 6 años y 6 meses.
Cohecho: de hasta 10 años de prisión.
En cuanto al cumplimiento efectivo, delitos como estragos agravados, robos especialmente agravados, tenencia de armas de guerra y portación ilegal de armas de fuego de uso civil deberán cumplirse íntegramente.
La reforma abre un debate profundo sobre el rumbo del sistema penal argentino, con un claro giro hacia el incremento de penas, el endurecimiento de criterios de detención y la eliminación de límites para las condenas más severas.
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