El Gobierno exigió en La Haya la orden de captura de Nicolás Maduro
La Cancillería endureció su postura en La Haya y pidió acelerar la causa por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, mientras crece la tensión diplomática tras las críticas del régimen de Maduro.
Amparado en una denuncia internacional presentada originalmente por el gobierno de Mauricio Macri, retirada luego por la gestión de Alberto Fernández y reactivada por Javier Milei, el Gobierno argentino exigió que la Corte Penal Internacional (CPI) avance "de manera inmediata" sobre los crímenes del régimen de Nicolás Maduro. La Cancillería pidió que ese proceso derive en órdenes de captura contra el mandatario venezolano y otros jerarcas del chavismo.
La presentación fue realizada este lunes por el diplomático Diego Emilio Sadofschi, encargado de negocios ante Países Bajos y representante argentino ante la CPI. Tras su discurso, fue increpado por el embajador venezolano Héctor Constant Rosales, quien lo acusó de "erigirse como falso defensor de los derechos humanos". La embajada argentina en La Haya se encuentra sin titular desde que Mario Oyarzabal fue trasladado a Buenos Aires, aunque Sadofschi fue instruido para endurecer la postura oficial.
En la apertura de la Asamblea de los Estados Parte, Sadofschi denunció las "elecciones fraudulentas" de julio de 2024 en Venezuela, en las que observadores independientes dieron como ganador al opositor Edmundo González Urrutia, pese a que Maduro se proclamó vencedor y asumió un nuevo mandato no reconocido por las democracias occidentales. También cuestionó la "falta de avances" de la CPI en la investigación abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Según testigos de la sesión, el diplomático afirmó que "las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad" cometidos por el régimen venezolano requieren investigaciones "rigurosas pero expeditivas", incluyendo órdenes de arresto contra los responsables. La respuesta de Rosales fue inmediata: acusó a la Argentina de "politizar" el debate y de actuar de manera "vergonzosa" en organismos multilaterales, recordando que el país votó recientemente en contra de resoluciones de la ONU sobre derechos humanos.
La ofensiva diplomática del gobierno de Milei convive con la delicada situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. Este factor explica la cautela pública del oficialismo, que mantiene sus críticas al chavismo dentro de ámbitos institucionales. Aun así, analistas señalan una contradicción en la estrategia libertaria: exigir acciones a la CPI mientras se vota contra informes y resoluciones que fortalecen el sistema internacional de derechos humanos.
La causa contra Maduro en La Haya ya cuenta con antecedentes argentinos. Durante la gestión de Macri, el entonces ministro Germán Garavano presentó una carpeta con testimonios de venezolanos víctimas de abusos para respaldar el caso. Aunque Fernández la retiró, el proceso continuó. La administración Milei volvió a activarla, sumando documentación a un expediente que reúne decenas de denuncias contra el régimen chavista.
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