Se reprogramó la lectura de la sentencia de Barraza: será el próximo viernes
Carlos Barraza, dirigente social y creador del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH), enfrenta una acusación por un presunto esquema de desvío millonario de fondos públicos.
Estaba previsto para este lunes la lectura de la sentencia al dirigente social Carlos Barraza, quien está acusado de encabezar un complejo esquema de fraude que involucra desvío de fondos públicos y uso indebido de recursos del Estado. Sin embargo, a última hora desde el tribunal lo reprogramaron y será el próximo viernes 05 de diciembre a las 11.30, según le informó el fiscal de Cámara del Crimen Nº 3, Sergio Cáceres Olivera, a Diario Chaco.
Cabe mencionar que el creador del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH) enfrenta cargos de fraude en perjuicio de la administración pública en 30 hechos y peculado de bienes y servicios en 4 hechos, todo en concurso real en función de los artículos 174 inciso 5 y artículo 261 en función del artículo 55 del Código Penal.
Tanto Cáceres Olivera como el abogado querellante por el Estado, Sergio Funes, solicitaron diez años de prisión para Barraza durante las audiencias. "Yo no sabría aventurar si van a condenar y qué pena va a establecer el tribunal. Tengo la expectativa de que sí, de que están suficientemente demostrados los ilícitos y que la pena debe ser similar a la solicitada por la fiscalía y la querella, pero vamos a tener que esperar al viernes", expresó el fiscal.
"Entendíamos que la pena que correspondía era de 10 años porque estamos hablando de alrededor de 30 erogaciones por cifras millonarias que hizo el Estado a través del IAFEP, donde estaba en su momento como presidente Andión", indicó Cáceres Olivera.
Luego comentó que de esas "más de 30 erogaciones por sumas millonarias se hacían del IAFEP al MTH, cuyo presidente era Carlos Iván Barraza. Donde también se verificó que hacía uso discrecional de los fondos otorgados por el Estado y también que utilizaba su cargo jerárquico en Sameep para hacer uso del personal, maquinaria y recursos del Estado para uso propio".
Por otra parte, se solicitó que investiguen al padre de Barraza ya que durante el debate, que contó con más de 30 testigos protegidos, surgieron varios testimonios que "nos indican que tuvo un grado de participación en los ilícitos que cometía el hijo, tanto en SAMEEP como en otras áreas", señaló Cáceres Olivera.
En esa línea, el representante del Ministerio Público relató que "hay un quincho con pileta que los trabajadores de Sameep hicieron en la casa del padre de Barraza, donde ahí se demuestra que se utilizaba personal de la empresa, materiales del Estado y maquinarias para hacer ese quincho".
EL CASO
La investigación revela que Barraza, en su rol de presidente de la Asociación Civil "Humildad" y jefe del Sector Pozo 5 de SAMEEP, se había apoderado de una suma millonaria destinada a diversos programas implementados por la anterior gestión en el Ejecutivo provincial.
Durante el período comprendido entre 2022 y diciembre de 2023, Barraza recibió, bajo el programa "Resi-todos" del IAFEP, un total de $13.050.000, montos aprobados mediante varias resoluciones que estaban destinados a proyectos de desmalezamiento, limpieza de zanjas y recolección de material reciclable en las localidades de Barranqueras y Colonia Elisa. Sin embargo, la Fiscalía expuso que el piquetero no acreditó la efectiva prestación de dichos servicios.
Las transacciones fueron realizadas entre el 2 de junio de 2022 y el 22 de noviembre de 2023, una de ellas sin resolución administrativa. ¿La prestación de estos servicios? No se sabe.
Además, Barraza recibió $91.062.105,20 bajo el programa Emergencia Habitacional del IAFEP, fondos que estaban destinados a la construcción y refacción de viviendas para comunidades vulnerables, pero las ejecuciones de las obras no fueron concretadas, según la acusación judicial. Los pagos se registraron entre el 9 de junio de 2022 y el 12 de octubre de 2022.
En el marco del Programa de Infraestructura Social del IAFEP, también recibió $1.064.633,70 para la construcción de veredas y $10.456.219,43 para la refacción de una fábrica que fuera realizada por la Asociación Civil. Ambas obras no fueron acreditadas.