Presentaron un proyecto para regular la eutanasia y la muerte asistida en Argentina
La iniciativa, presentada por diputados de la Unión Cívica Radical, propone un marco legal con controles estrictos para pacientes con enfermedades graves o incurables. Prevé objeción de conciencia, revisión médica multidisciplinaria y reconoce la muerte asistida como muerte natural.
El pasado 15 de octubre Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia. En paralelo, esta semana ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que busca regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida en Argentina.
La iniciativa fue presentada por el diputado radical Lisandro Nieri y cuenta con el acompañamiento de sus pares Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz. El objetivo es establecer un marco legal que permita a personas con enfermedades graves e incurables, o con padecimientos crónicos y limitantes, solicitar ayuda médica para morir bajo estrictos requisitos y controles.
El texto define la eutanasia como un procedimiento realizado por un médico —o bajo su supervisión— tras verificarse que se cumplen las condiciones legales y éticas. La solicitud debe ser reiterada y fehaciente, y la persona puede desistir en cualquier momento sin trámites adicionales. El proyecto contempla que mayores de 16 años y personas con capacidad restringida puedan acceder a este derecho, con las salvaguardas establecidas.
La propuesta prevé además la intervención de una comisión médica multidisciplinaria integrada por profesionales de la salud y un jurista especializado. Esta instancia deberá analizar la historia clínica, dialogar con el paciente y emitir un dictamen en un plazo máximo de cinco días. Si el dictamen es negativo, el solicitante podrá pedir una revisión ante el pleno de la comisión. Una vez aprobado el pedido, la práctica deberá concretarse en un máximo de diez días, ya sea administrada por un profesional o mediante autoadministración supervisada.
El personal sanitario podrá ejercer la objeción de conciencia, siempre que lo notifique por escrito y sin obstaculizar el acceso del paciente. En los casos en que todo un establecimiento objete, la institución deberá garantizar la derivación a otro centro y asumir los costos.
El proyecto incorpora los artículos 83 bis y 83 ter al Código Penal, excluyendo de responsabilidad a los médicos que actúen conforme a la ley y sancionando a quienes obstaculicen injustificadamente el acceso. La muerte producida en estos procedimientos se considerará legalmente como muerte natural.
Durante la presentación, Nieri afirmó que la iniciativa busca "garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios". El diputado destacó que el texto se apoya en los principios de la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna, que reconocen la autonomía y el derecho a rechazar tratamientos que prolonguen la vida de manera artificial.
El proyecto toma como referencia la experiencia de Uruguay, España y Canadá, y se apoya también en fallos de la justicia argentina —como Bahamondez (1993), Albarracini Nieves (2012) y M.A.D. (2021)— que han consolidado el derecho a la autodeterminación sanitaria y a un final de vida digno. Según sus autores, la regulación de la eutanasia no implica promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y responder a una demanda social sostenida.