Los bienes de CFK quedaron en manos de la Corte Suprema, que decidirá su destino
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tendrán la responsabilidad de analizar qué uso se dará a las propiedades incautadas.
Tras la orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), los bienes decomisados a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a otros condenados en la Causa Vialidad pasaron formalmente a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora deberá definir su destino.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tendrán la responsabilidad de analizar qué uso se dará a las propiedades incautadas. La evaluación técnica recaerá en la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal.
¿QUÉ PUEDE PASAR CON LOS BIENES?
La Corte deberá resolver entre dos opciones: asignarlos a usos judiciales, como oficinas para dependencias del Poder Judicial en el Sur, depósitos o incluso espacios para la realización de juicios o disponer su subasta pública, en caso de que considere que los inmuebles no son necesarios para su funcionamiento.
Esta decisión será el paso siguiente en uno de los decomisos patrimoniales más grandes ordenados en la historia judicial argentina.
LA CONDENA DE CKF
El TOF 2 condenó a Cristina Kirchner en diciembre de 2022 a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. El fallo quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte ratificó la sentencia.
La Justicia ordenó avanzar sobre los bienes de la exmandataria, Báez y otros condenados bajo el principio de que "ningún delito debe generar beneficios" y para garantizar la reparación del daño social causado. El texto subraya además que el decomiso responde a compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de recuperación de activos vinculados a hechos de corrupción.
QUÉ BIENES ABARCA EL DECOMISO
La medida alcanza a 122 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como:
Instrumentos o productos del delito.
Activos incorporados durante los años en que se desarrolló la maniobra fraudulenta (2003–2015).
Bienes transferidos a personas jurídicas beneficiadas por las irregularidades.
Propiedades recibidas gratuitamente por terceros relacionados.
Cuando los inmuebles se encuentran en manos de personas no condenadas, sólo se incluyen en el decomiso aquellos casos donde hubo beneficio directo o recepción a título gratuito.