
Periodista.
Femicidio, lavado, trata y amenazas: las causas vinculadas al matrimonio Sena
Los líderes piqueteros tienen un largo listado de causas judiciales vinculadas a ellos, algunas prescriptas y otras en camino a juicio. Tras ser condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, irán nuevamente al banquillo.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron recientemente condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en una decisión tomada mediante un juicio por jurados. Además, recientemente, elevaron a juicio la causa por presunto lavado de dinero mediante fondos de la administración público y otra por amenazas a familiares de fiscales.
Un repaso por las distintas causas vinculadas al matrimonio de líderes piqueteros.
"SUEÑOS COMPARTIDOS", SOBRESEÍDOS POR PRESCRIPCIÓN
Una de las primeras causas contra Sena y Acuña, en la que también está incluido otro líder piquetero, Osmar "Quintín" Gómez, por presunta trata de personas con fines de explotación laboral en el proyecto "Sueños Compartidos", que llegó en 2008 a la provincia a través de la Fundación Madres de la Plaza de Mayo.
La investigación inició en marzo del 2010, tras una denuncia del apoderado de la fundación, Sergio Schoklender, indicando que el movimiento de Emerenciano sometía a la servidumbre al personal de la ONG bajo extorciones y amenazas". Además, en 2009, el movimiento tomó el obrador del ex Campo de Tiro donde la ONG construía viviendas sociales, asumiendo el control de las mismas.
La causa entró en etapa de instrucción en 2011, pero nunca se concretó la delegación de la investigación, por lo que el expediente permaneció dormido durante doce años en el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia. En julio de 2023, cuando el matrimonio Sena ya estaba detenido con prisión preventiva por la causa Cecilia, la Secretaría Penal N° 1 encontró el expediente y la jueza Zunilda Niremperger la remitió al fiscal federal Patricio Sabadini.

Meses después, en febrero de 2024, Sena y Acuña -también Gómez- fueron procesados por el delito de "trata de personas con fines de explotación laboral mediante engaño, amenazas, abuso y violencia" y un embargo por cada uno por 31 millones de pesos.
Sin embargo, el 13 de septiembre de 2024, la jueza Niremperger decretó el sobreseimiento total y definitivo de todos los imputados causa por prescripción de la causa. En la resolución, la magistrada argumentó que los hechos investigados datan de 2008 y que el primer llamado a indagatoria recién se dio 2023, transcurriendo "el tiempo suficiente del término de la pena máxima establecida para el delito atribuido a los imputados", que es de 10 años.
LA CAUSA CECILIA STRZYZOWSKI, CONDENADOS POR FEMICIDIO
La segunda causa del matrimonio inició tras la desaparición de Cecilia Strzyzowski, quien era la pareja de su hijo César, el 2 de junio de 2023. El caso conmovió a toda la provincia y el país. Además de Emerenciano y Acuña, la causa tuvo como principal acusado a César y a cuatro de sus colaboradores: Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

Por la causa, los líderes piqueteros fueron detenidos el 9 de junio tras un allanamiento en su vivienda de Santa María de Oro 1460, en Resistencia. En el mismo procedimiento, hallaron cerca de seis millones de pesos en efectivo que derivó en otra causa por lavado de activos. Antes de su detención, Emerenciano y Acuña conformaban la lista del Partido Socialistas Únicos como precandidatos a diputado provincial e intendente de Resistencia para las elecciones primarias de Chaco de 2023, pero tras el escándalo, bajaron sus postulaciones.

Tras distintos momentos dilatorios, como cambios constantes de abogados de parte de los Sena y recursos presentados, la investigación avanzó hasta la etapa del juicio por jurados, que inició el viernes 28 de octubre tras la selección del jurado popular que fue guiado por la jueza técnica Dolly Fernández. El debate se realizó en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia durante 15 jornadas en la que el Equipo Fiscal Especial, las querellas y las distintas defensas presentaron sus pruebas.

Finalmente, el 15 de noviembre, el jurado popular declaró culpables al matrimonio Sena, junto a su hijo César, del femicidio de Cecilia. Emerenciano y Acuña fueron encontrados como partícipes primarios del asesinato de la joven de 28 años, cuyo autor del hecho fue su hijo, en un fallo que fue festejado por la sociedad chaqueña.
La audiencia de cesura, en la que se conocerán las penas del matrimonio piquetero, será el miércoles 26 de noviembre.
AMENAZAS A PERIODISTAS
A finales de marzo de 2021, tres periodistas, entre los que se encontraba un colega de Diario TAG, fueron agredidos por militantes del movimiento Mujeres al Frente, encabezado por Acuña, en inmediaciones de la avenida Sarmiento, donde realizaban una asamblea.
Los periodistas no estaban ni filmando ni sacando fotos, pero igualmente fueron abordados por mujeres que le exigieron que se retiren del lugar y de manera violenta le expresaron que no podían realizar ninguna cobertura de esa situación. Incluso, a uno de ellos le sustrajeron el celular.
Meses después, Sena y Acuña demandaron a los tres colegas por "daños y perjuicios y daño moral", pidiendo un resarcimiento económico de $3.600.000. En la demanda, los líderes piqueteros alegaban que "interrumpían la reunión" y que uno de los colegas "empujó a una de las militantes".
Cuatro años después, cuando el matrimonio ya estaba con prisión preventiva por el caso Cecilia, el Juzgado Civil y Comercial N° 17, a cargo de Orlando Beinaravicius, dictó la caducidad de la causa iniciada por los líderes piqueteros por daño moral.
LAVADO DE DINERO
Mientras allanaban la casa de los Sena, personal de Gendarmería encontró más de seis millones en efectivo que derivó en una investigación de lavado de activos y evasión fiscal.

El caso quedó a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia 2 de Resistencia, a cargo del Ricardo Mianovich, y el fiscal federal Patricio Sabadini. La investigación indicaba que ambos líderes piqueteros realizaron presuntas maniobras con el objetivo de poner en circulación fondos de origen ilícito, provenientes de hechos de corrupción o defraudación a la administración pública provincial utilizando la Fundación "Saul Andrés Acuña".
La ONG, creada y conducida por ambos, trabajaba casi exclusivamente para el Estado y, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, facturó en 2022 "más de $ 35.125.194 al Ministerio de Infraestructura y más de $ 15.368.385 al IAFEP en 2022, llegando en 2023 a facturar $ 186.032.861 al mismo organismo".
Además, detectaron un faltante de $ 62 millones en la fundación que iba a ser "destinados a la construcción de cuarenta viviendas sociales". De acuerdo a la investigación, con dichos fondos, Sena y Acuña compraron bienes a nombre de la fundación, entre los que se encuentran cinco camionetas Toyota Hilux, un camión y una camioneta Ford, tres camiones Mercedes Benz, un acoplado, un rastrojero y una motocicleta.

El fiscal también menciona el informe de la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería Nacional, que observó "numerosos tránsitos migratorios" del matrimonio a Paraguay, Uruguay, Brasil a Italia, que "no se condicen con el perfil fiscal y económico de los mismos".
En noviembre de este año, mientras el debate por el femicidio de Cecilia tenía a los Sena sentados en el banquillo, se confirmó que otra vez estarán bajo la mirada del juez, tras la elevación a juicio de la causa por lavado de dinero.
AMENAZAS A FISCALES
En el inicio de la causa por el femicidio de Cecilia, aparecieron amenazas dirigidas a policías, jueces, hijos de funcionarios y a los integrantes del Equipo Fiscal Especial (EFE) y que tiene en la mira a Marcela Acuña.
El fiscal Jorge Cáceres Olivera, integrante del EFE, detalló cómo se originaron: "Las amenazas fueron escuchadas por un personal de seguridad durante una llamada telefónica de Marcela Acuña. Le decía a una compañera del movimiento que a César lo estaban torturando en la Comisaría Tercera y pedía averiguar los nombres de todos los policías, jueces y fiscales que intervinieron. Les exigía que vayan a las casas de cada uno y hasta a los colegios de sus hijos ‘para que sientan lo que estaba sintiendo César’ ".

Ante la gravedad del contenido, varios funcionarios pidieron custodia policial y otros recibieron un emplazamiento en sus domicilios.
La causa contra Acuña está elevada a juicio en el Juzgado Correccional N° 2, a cargo de Natalia Fernández Floriani, por pedido de la Fiscal N° 2, Ana González de Pacce.
