Desalojo en Sáenz Peña: denuncian abuso de poder e irregularidades en el operativo
La abogada de la familia expulsada del barrio Sagrado Corazón cuestionó el accionar policial y judicial, aseguró que le impidieron ejercer su defensa y adelantó que pedirá la revisión del caso.
La abogada Romina Ropert, representante de la familia desalojada este lunes en el barrio Sagrado Corazón de Sáenz Peña, criticó duramente el procedimiento policial y judicial, al que calificó como "irregular por donde se lo mire". Según relató, el operativo comenzó dos horas antes de lo fijado en el mandamiento -a las 6.30 en lugar de las 8.30- y con un bloqueo total de accesos por calles 24 y 26, lo que impidió el acompañamiento de vecinos y allegados. "Fue una jugada de antemano. Saben que mientras más gente hay, más difícil se vuelve concretar un desalojo", afirmó.
Ropert también denunció que el oficial de justicia a cargo no le permitió acercarse a la familia, pese a estar incorporada formalmente al expediente. "Fue una arbitrariedad total. No sólo debía defenderlos, también contenerlos. Tengo derecho a ejercer mi profesión", sostuvo.
Si bien reconoció que la sentencia de desalojo está firme y que la Justicia dio por acreditada la propiedad en manos de dos personas, advirtió que "los supuestos dueños jamás se presentaron". Según explicó, sólo interviene su abogado, con quien había dialogado días antes. "Me informó que el desalojo se iba a concretar, pero creí que se manejaría de otra manera. No puedo entender la cantidad de policías, ni el destrato. Golpearon niños y hasta una mujer embarazada", denunció.
Entre las personas afectadas, destacó el caso de una mujer en silla de ruedas, vecina y testigo clave, quien asegura que la familia vivió en la vivienda durante cinco décadas. "La Policía ejerció abuso de poder. Se reían, no dejaban ingresar ni a los medios ni a mí. Hasta ahora sigo esperando que el oficial de justicia me explique por qué me negó el acceso", agregó.
La abogada contó que había solicitado un plazo de seis meses para reubicar a la familia, pero que la supuesta propietaria -identificada como María Nilda Seniquel- "no quería llegar a ningún acuerdo". Sin embargo, destacó que esta mujer "nunca apareció en persona" y que su participación se limita a documentos. "Es llamativo. Nadie la vio jamás", remarcó.
Ropert volvió a cuestionar la validez del boleto de compraventa que figura en la causa, al que calificó como "un papel oleógrafo con partes borradas y múltiples irregularidades". Señaló también que el expediente arrastra "abusos de poder", contradicciones y abogados que abandonaron la defensa "por temor".
Aunque el fallo está firme, adelantó que pedirá intervención del Superior Tribunal de Justicia para revisar lo actuado "por violaciones al debido proceso, faltantes de prueba y numerosas irregularidades".
"Lo de hoy fue un desastre: golpearon niños, hubo abuso policial y el oficial de justicia me impidió trabajar", resumió. Para ella, el caso trasciende un conflicto civil: "Para mí, esto ya es directamente el robo de una propiedad".