Proponen declarar la emergencia del transporte tras anuncio de reducción de personal
A principios de mes fue ERSA quien emitió un comunicado informando posibles despidos; el sindicato de los choferes (UTA) se negó, envió el proyecto de ley y la oposición lo presentó.
Durante la primera semana de octubre, y tras finalizar el acuerdo para evitar despidos entre las empresas de transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, ERSA Urbano S.A. informó oficialmente que, a partir del 3 de noviembre, reduciría su nómina de personal. En el marco de esta situación, el sindicato de los choferes envió un proyecto de ley que declara la emergencia del transporte urbano, interurbano y de corta y media distancia por doce meses, prorrogables por un año. El mismo fue presentado por la oposición.
Diario Chaco pudo acceder al mencionado documento, donde se detallan 12 artículos junto a sus fundamentos. En el primer punto solicitan que se declare el estado de emergencia del sistema de transporte público automotor de pasajeros —urbano, interurbano, de corta y media distancia— en todo el territorio de la Provincia del Chaco.
El objetivo central es garantizar la continuidad, accesibilidad y sustentabilidad económica del servicio, asegurando el derecho a la movilidad mediante un esquema de subsidios, control digital y medidas excepcionales.
Según el proyecto, durante la emergencia se implementará un Régimen Provincial de Compensación Tarifaria que cubrirá el 50 % del costo operativo por pasaje, mientras el usuario afrontará el porcentaje restante, salvo casos con beneficios mayores. Las empresas deberán rendir costos reales y datos de operación, y el Ejecutivo publicará mensualmente los montos transferidos y los indicadores de eficiencia.
Además, se buscará crear el Registro Provincial de Usuario Frecuente en la plataforma Tu Gobierno Digital, que permitirá identificar usuarios habituales, controlar subsidios, otorgar descuentos y generar estadísticas integradas al sistema SUBE.
También prevé autorizar el uso de unidades con hasta 15 años de antigüedad bajo estrictas condiciones técnicas, con revisiones obligatorias cada cuatro meses y sistemas de geolocalización conectados al monitoreo provincial.
Asimismo, las empresas deberán presentar un Plan de Adecuación del Parque Automotor en un plazo de 180 días luego de sancionada la ley, mientras que el Ejecutivo aprobará un Plan de Recuperación y Modernización con metas de eficiencia energética, renovación progresiva de unidades, capacitación laboral y criterios ambientales.
En paralelo, se otorgarán beneficios impositivos: exención de Ingresos Brutos, eliminación del canon de habilitación anual y acceso a facilidades de pago y créditos preferenciales, siempre condicionados al cumplimiento técnico y operativo.
En materia laboral, se establece la prohibición de despidos sin causa o reducciones salariales, asegurando la preservación del empleo mediante diálogo tripartito entre Estado, sindicatos y empresas. Asimismo, se crea la Comisión Provincial de Seguimiento y Evaluación, encargada de auditar el uso de fondos, controlar el cumplimiento de metas y elevar informes trimestrales a la Legislatura.
También se instituye una Comisión Especial para evaluar el impacto económico del transporte en el Estado, que deberá reunir datos de accidentes de tránsito, costos para el sistema de salud, seguridad y justicia, y proponer medidas que mejoren la eficiencia del servicio.