Reforma: el Gobierno propone tope de 10 sueldos y cambios profundos en indemnizaciones
De a poco comienza a delinearse la reforma laboral de la cual tanto habló el presidente Javier Milei y será tema central en los debates del Congreso cuando quede con su nueva composición desde el 10 de diciembre. Tope a despidos, salarios "dinámicos" y por mérito y límites a los sindicatos.
El Gobierno de Javier Milei avanza con un ambicioso proyecto de reforma laboral que busca modificar de raíz las normas que regulan las relaciones de trabajo en la Argentina. Entre los puntos más controvertidos del borrador, que fue trascendió en la mañana de este viernes, se destaca la propuesta de poner un tope de 10 sueldos a las indemnizaciones por despido sin causa, sin importar la antigüedad del trabajador. El objetivo, según el Ejecutivo, es abaratar el costo de los despidos y reducir la litigiosidad laboral. Se sabe que esto tendrá fuerte rechazo en la CGT y en sectores opositores, y será una de las clave de lo que discuta el Congreso.
El texto, elaborado por la comisión técnica laboral del Consejo de Mayo, reedita varios puntos del decreto 70/23 impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Además de reformar el esquema de indemnizaciones, plantea cambios en la negociación colectiva, en la determinación de salarios por productividad, y en cuestiones como las vacaciones, las jornadas laborales y las cuotas sindicales. La Casa Rosada busca consensuar el proyecto con empresarios y gobernadores antes de enviarlo al Congreso.
Uno de los ejes centrales es la redefinición del régimen indemnizatorio. El proyecto propone que la compensación económica por despido sin causa no pueda superar el equivalente a diez sueldos mensuales, eliminando el criterio actual de "un mes por año trabajado". Además, excluye del cálculo conceptos como el aguinaldo, los bonos, los adicionales y los vales alimentarios. El Gobierno también plantea que las pymes puedan pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas, lo que, según los sindicatos, debilitaría aún más la posición de los trabajadores.
La reforma también busca reintroducir los "beneficios sociales", como los antiguos ticket canasta, que no serían considerados parte del salario ni estarían sujetos a aportes a la seguridad social. El texto define estos beneficios como prestaciones "no remunerativas" destinadas a mejorar la calidad de vida del trabajador o su familia. Para los gremios, esta medida abre la puerta a una precarización salarial, al permitir que una parte creciente de la remuneración no sea formal ni sujeta a derechos laborales.
Otro punto polémico es la creación del concepto de "salario dinámico", que habilitaría a las empresas a otorgar aumentos diferenciados según la productividad o el mérito. El Ejecutivo sostiene que esto permitirá premiar el desempeño individual y reflejar la situación económica de cada empresa. Sin embargo, desde la CGT advirtieron que este esquema "habilita la negociación desigual entre empleadores y empleados", dejando de lado la intervención sindical y la negociación colectiva como resguardo de los derechos laborales.
La iniciativa también introduce cambios en la jornada laboral, permitiendo extender los horarios de trabajo siempre que se respeten 12 horas de descanso entre turnos. Se incorpora el sistema de banco de horas, que habilita compensar los excesos de un día con descansos en otro, y se autoriza el fraccionamiento de las vacaciones en períodos mínimos de una semana. En materia de negociación, el proyecto otorga preeminencia a los convenios por empresa sobre los de actividad y limita la "ultraactividad", es decir, la continuidad automática de los convenios vencidos.
Por último, el borrador incluye restricciones al derecho a huelga, al exigir una cobertura mínima del 75% en los servicios esenciales —como salud, educación, transporte y energía— y del 50% en las actividades "de importancia trascendental". Además, limita el cobro de cuotas sindicales compulsivas, estableciendo que los descuentos solo podrán hacerse con el consentimiento expreso del trabajador. Con este paquete de medidas, el Gobierno busca modernizar el mercado laboral y atraer inversiones, aunque enfrenta una fuerte resistencia gremial que promete tensar la agenda política en los próximos meses.