Expropiación de la "chanchería" de los Sena: los detalles del proyecto
Este lunes, el Ejecutivo formalizó en la Legislatura la presentación de la iniciativa que busca que los terrenos pertenecientes al expiquetero sean declarados de utilidad pública para la creación de centros de reinserción social.
El secretario coordinador del Gobierno, Livio Gutiérrez, y el asesor legal, Julio Ferro, presentaron formalmente este lunes en la Legislatura chaqueña el proyecto que busca la expropiación del campo donde funcionaba la "chanchería" de los Sena. La presentación se hizo un día antes del inicio del juicio por el caso Cecilia Strzyzowski.
Diario Chaco accedió al proyecto presentado por el Ejecutivo, que tiene una nota dirigida a la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado, en el que indica que el fin de la expropiación del campo es para la "ejecución de políticas públicas" que "beneficiará a toda la comunidad al permitir la creación y el funcionamiento" de distintos centros que apuntan a la educación, reinserción social, capacitación laboral y recuperación de adicciones.
También plantean que, al expropiar el lugar y crear estos centros, se "enviará un mensaje claro de que la provincia de Chaco está comprometida con la Justicia, la lucha contra el delito y la dignidad de todos sus habitantes".
DETALLES DEL PROYECTO
En cuanto al proyecto, detalla que se trata de dos inmuebles que conforman el campo de los Sena, ubicados en el Departamento Libertad. Uno de ellos es la Parcela 38, Circunscripción II, con una superficie total de 39 áreas y 06 centiáreas; y la Parcela 38 B, Circunscripción II, de 27 hectáreas, 11 áreas y 83 centiáreas.
De acuerdo a los registros de mesura, ambos terrenos están a nombre de Emerenciano Sena.
La expropiación, según la iniciativa es para construir, conforme a la factibilidad presupuestaria: Centros Socioeducativos Juveniles, Centros de Detenidos para la Reinserción Social, Espacios de Capacitación y Experiencias Laborales y Centros para la Recuperación de Adicciones.
En ese sentido, especifica que la determinación del valor de venta de los terrenos será mediante el procedimiento establecido en la Ley 332-A y los fondos necesarios se imputarán al Presupuesto General de la Provincia.