El Gobierno acata a la Justicia y devolverá más de 100.000 pensiones por discapacidad
El juez federal de Catamarca ordenó restituir en 24 horas las pensiones por invalidez laboral suspendidas. No se podrán dar nuevas bajas.
El Gobierno nacional acató una orden judicial y restituirá 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido dadas de baja. La resolución fue emitida por el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de esa provincia, y publicada en el Boletín Oficial.
Desde ahora, el Estado deberá abstenerse de realizar nuevas suspensiones hasta que haya sentencia definitiva. Sin embargo, el Gobierno aclaró que no restituirá el beneficio a personas privadas de su libertad.
La medida judicial fue apelada por el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Alberto Vilches, pero la Justicia catamarqueña mantuvo su decisión y exigió restablecer en 24 horas todas las pensiones suspendidas. La resolución oficial se formalizó mediante la disposición 13901/2025 de la ANDIS.
Fuentes oficiales señalaron que quienes dejaron de percibir la pensión por no cumplir con los requisitos aún no demostraron que el beneficio les corresponde. Aunque hace dos meses no la cobran, sus bajas no son definitivas, ya que la intervención analiza cada caso de manera individual.
Desde el Ministerio de Salud justificaron las auditorías al afirmar que "el sistema de pensiones fue usado políticamente durante años", recordando que entre 2003 y 2023 los beneficios crecieron de 200.000 a 1.250.000. Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni indicó que desde el inicio de la gestión se detectaron 27.149 pensiones cobradas por personas fallecidas y que 55.318 beneficiarios renunciaron al subsidio ante la exigencia de acreditar incapacidad laboral. "El objetivo es que el beneficio lo reciba quien realmente lo necesita", afirmó.
La resolución oficial
En su artículo primero, la ANDIS ordenó restablecer el pago de las pensiones suspendidas a las personas identificadas en el Anexo I, en cumplimiento de la cautelar dictada en la causa "Defensor del Pueblo y otros c/ ANDIS s/ acción de amparo". El juez Díaz Martínez había aceptado el reclamo presentado por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), representada por Dalmacio Mera, junto al Defensor del Pueblo de Catamarca.
El magistrado sostuvo que se trata de derechos de naturaleza colectiva e individual afectados por una norma inconstitucional y una ejecución irregular del Estado. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema (caso "Halabi") para fundamentar la legitimación colectiva.
Situación actual
Fuentes del Gobierno señalaron que "aún no hay bajas definitivas". Según ANDIS, ya se restituyeron más de 622 pensiones a personas que acreditaron incapacidad laboral, con un plazo de reacreditación de 48 horas. Además, en el artículo segundo se aclaró que los pagos se harán siguiendo el cronograma de ANSES.
Previo a esta resolución nacional, se habían restablecido casi 20.000 pensiones en Catamarca y Formosa por fallos judiciales locales. Ahora, la orden se extiende a todo el país. La mayoría de las suspensiones fueron dispuestas durante la gestión del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
El juez cuestionó fallas en las notificaciones, exigencias excesivas de traslado y plazos insuficientes para presentar documentación, lo que afectó el derecho de defensa de los beneficiarios. También reclamó cubrir la vacante en la Defensoría del Pueblo de la Nación y avanzar en una ley de acciones colectivas.
Debate y controversia
La medida se enmarca en el amparo contra el Decreto 843/2024, que elevó al 66% el umbral de incapacidad para acceder al beneficio y amplió causales de suspensión. Organizaciones denunciaron que las auditorías se realizaron sin criterios públicos ni accesibilidad para las personas con discapacidad.
Desde ANDIS remarcaron que cumplirán con el fallo judicial, pero que no restituirán pensiones a ciertos grupos, incluso si la orden lo contempla. Entre ellos:
- Personas privadas de libertad.
- Beneficiarios con ingresos formales o trabajo registrado.
- Personas sin diagnóstico médico confirmado o con certificados apócrifos.
Según pudo saber Infobae, Alejandro Vilches decidió excluir específicamente a personas presas, a pesar de que el fallo ordena restituir todas las pensiones sin excepciones.