YPF: Burford sugirió a la Argentina negociar para evitar pagar USD 16.000 millones
El beneficiario del caso habló a pocos días de que la Corte de Apelaciones de Nueva York inicie el juicio por la expropiación de la petrolera.
La semana próxima, la Corte de Apelaciones de Nueva York comenzará a tratar el juicio por la expropiación de YPF. El tribunal deberá determinar si fue correcto o no el fallo de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 condenó al Estado argentino a pagar alrededor de USD 16.000 millones por la forma en que se llevó a cabo la expropiación de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El caso es impulsado por Burford Capital, el fondo de inversión que compró los derechos de litigio y se convirtió en el principal beneficiario del reclamo. Por primera vez, la firma difundió un comunicado de prensa oficial sobre el tema —hasta ahora solo lo había mencionado en sus reportes trimestrales para inversores— en el que resumió el estado actual del proceso judicial "para comodidad de los inversores".
En el texto, Burford destacó los riesgos e incertidumbres que rodean al caso y, hacia el final, deslizó lo que puede interpretarse como una invitación al Gobierno argentino a negociar. La compañía viene intentando abrir canales de diálogo desde hace al menos dos años, sin éxito.
El Gobierno, por su parte, ha reiterado su negativa a llegar a un acuerdo. El presidente Javier Milei aseguró que no habrá negociación y que el país agotará todas las instancias judiciales, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
"Como todo litigio, este caso conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total", señaló Burford en su comunicado. También advirtió que "subsisten riesgos sustanciales en relación con el caso, entre ellos nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones".
Finalmente, el fondo recordó que "las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias", en una aparente alusión a la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico. De todos modos, aclaró que, si se iniciaran conversaciones de ese tipo, no se realizarán anuncios públicos hasta su conclusión.
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