PAMI suma una vía para reclamar sin ir a la Justicia: cómo funciona el PROMESA
La obra social se incorporó al sistema de mediación PROMESA, que permite resolver conflictos por medicamentos, tratamientos o coberturas sin iniciar un amparo judicial.
El PAMI, obra social de jubilados y pensionados, se incorporó al Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una herramienta extrajudicial creada por el Ministerio de Salud para intentar resolver reclamos sin llegar a la Justicia. La adhesión se formalizó este lunes mediante la Resolución 1861/2025.
El sistema PROMESA funciona como una instancia previa y voluntaria: la persona que reclama puede optar por este mecanismo o continuar, como hasta ahora, con una acción judicial directa. El objetivo oficial es reducir la enorme cantidad de amparos por falta de cobertura en el sistema de salud, donde PAMI tiene un peso determinante por su dimensión -casi 5,7 millones de afiliados-.
Aunque no existen estadísticas públicas sobre cuántos juicios involucran específicamente a afiliados de PAMI, hay consenso en que representan una parte significativa del total. Esto fue uno de los motivos del Gobierno para impulsar este sistema de mediación, que ya era obligatorio para obras sociales y prepagas, pero requería una resolución aparte para el PAMI por tratarse de un organismo descentralizado.
El Ministerio de Salud mostró recientemente el primer caso resuelto a través del PROMESA: un conflicto entre un paciente y un prestador que se destrabó en cuatro días, sin judicialización, lo que permitió continuar el tratamiento médico.
La duda que surge es si este mecanismo será realmente eficaz para jubilados que enfrentan interrupciones de tratamientos, negativa de medicamentos, falta de pañales, demoras en geriátricos o instituciones de salud mental.
Consultado por Clarín, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, evaluó que si bien la mediación puede ahorrar tiempo y recursos, también es "un parche" ante un problema más profundo: la cantidad de amparos se debe a que los prestadores -incluido el PAMI- no cumplen con las coberturas como deberían.
"El amparo debería ser para situaciones de vida o muerte, para casos excepcionales", señaló Semino. Criticó además lo que definió como "industria del amparo", impulsada por estudios jurídicos y permitida por un Estado que muchas veces incumple primero y luego obliga al afiliado a judicializar.
Con esta incorporación al PROMESA, el Gobierno apuesta a que más conflictos se resuelvan fuera de los tribunales. Sin embargo, para muchos especialistas, el verdadero desafío sigue siendo garantizar que las prestaciones lleguen a tiempo y sin necesidad de que un jubilado tenga que demandar.