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El Gobierno defendió la reforma laboral y aseguró que no eliminarán las indemnizaciones

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó los lineamientos del proyecto que el oficialismo prevé tratar en el Congreso tras las elecciones. Señaló que "no quitará derechos" y que apuntan a crear empleo formal.

Julio Cordero, secretario de Trabajo

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que la reforma laboral que el Gobierno planea impulsar en el Congreso luego de las elecciones no implicará la eliminación de derechos como las indemnizaciones por despidos sin causa. "Es falso, completamente impensable que se vayan a quitar derechos", afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

Cordero explicó que el objetivo de la iniciativa es "corregir distorsiones, consolidar derechos reales y crear un marco que genere empleo formal y de calidad". Según el funcionario, las modificaciones se discuten en el Consejo de Mayo, con la participación de representantes empresariales y sindicales.

En cuanto al fondo de cese laboral, Cordero aclaró que se trata de un sistema que funciona en la construcción, donde las obras tienen un cierre definido, pero que no es aplicable de la misma manera en otras actividades con mayor estabilidad y continuidad. Destacó que el mecanismo habilita alternativas, como seguros con aportes mensuales o compensaciones en caso de renuncia, pero subrayó que las indemnizaciones tradicionales se mantendrán vigentes.

El funcionario también se refirió a los cuestionamientos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien reprochó a los empresarios no haber avanzado en la aplicación del esquema. "El Gobierno ya otorgó la herramienta, ahora corresponde a empleadores y sindicatos definir su implementación en la negociación colectiva", señaló Cordero.

Tanto gremios como empresarios han expresado reservas sobre el mecanismo. En la CGT sostienen que no genera adhesión y que, para los empleadores, implicaría un costo fijo mensual que encarece las desvinculaciones. Desde las compañías, en tanto, argumentan que ya cuentan con provisiones específicas para eventuales despidos y que el nuevo sistema significaría mayores cargas permanentes.

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