Las estamos matando

El cruel asesinato de Gabriela Barrios, de 20 años de edad, ocurrido en Avia Terai, volvió a sacudir a la sociedad. Este domingo en horas de la siesta se cumplirá una semana de su muerte (de acuerdo al cálculo estimado por los peritos) sin embargo hasta el cierre de este artículo (media tarde del sábado 18) el fiscal 3 de Sáenz Peña que lleva la investigación, llamado Marcelo Soto, dice que aún no tiene elementos para determinar que la carátula sea "femicidio". Como somos legos, decidimos buscar información fehaciente que queremos compartirla.

La violencia extrema contra las mujeres obliga a mirar tanto la letra de la ley como las cifras que se acumulan día tras día. Para hacer este artículo acudimos a varios abogados especializados y pudimos confirmar que, en Chaco, la reforma penal que siguió a la Ley de Protección Integral de las Mujeres incorporó en el artículo 80 del Código Penal —en sus incisos 1, 4 y 11— las figuras del homicidio calificado por vínculo de pareja o conyugal, el odio de género, y el asesinato de una mujer en contexto de violencia de género. Esa normativa permite ampliar el alcance de lo que técnicamente corresponde llamar femicidio: no sólo el cónyuge o pareja, sino también agresores que actúan desde cualquier posición de poder o relación de dependencia, incluso sin convivencia.

En la práctica, el inciso 1 castiga con prisión perpetua al que mata a su cónyuge, pareja o ex pareja, haya o no convivencia; el inciso 4 agrava el crimen si media odio de género, "mata a la mujer porque es mujer"; y el inciso 11 es más amplio aún: reconoce la violencia de género incluso fuera del ámbito íntimo, pudiendo ser un empleador, un conocido, alguien que ejerce poder aunque no haya vínculo formal. Esta tipificación técnica es clave para que el delito sea reconocido como femicidio cuando corresponde, y para que se aplique la perspectiva de género en la investigación judicial.

Del caso que despertó esta búsqueda, el de Gabriela Barrios, se sabe que -según informes oficiales dados a conocer por el propio fiscal Soto- la autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento manual. Su cuerpo presentaba múltiples golpes -algunos de los cuales se corroboraron en la entrepierna – y otro con especial gravedad en la zona de la cabeza. Podemos describir el aberrante cuadro porque fue detectado gracias a la perra "Perla" que con su olfato llevó a la policía hasta la tapa cementada de un pozo negro de la casa del único sospechoso del crimen. Los restos de esta piba estaban metidos en una bolsa y abandonados como un descarte cualquiera.  Aun con todos estos detalles, el fiscal Soto sigue esperando más elementos para ver si cambia o no la carátula.

Aprendimos a fuerza de estudiar lo que está legislado, que un crimen de esta naturaleza va camino a generar prisión perpetua (que en los hechos son 25 años) para quien termine condenado.Nuestro reclamo de reconocer en un hecho así el concepto de femicidio tiene que ver con algo que creemos indispensable: modificar la perspectiva personal y social de lo que es la violencia de género, que cuesta sangre y vidas destrozadas año tras año.

 

Las actualizaciones a las leyes permiten ampliar el alcance de lo que técnicamente corresponde llamar femicidio: no sólo el provocado por el cónyuge o pareja, sino también agresores que actúan desde cualquier posición de poder o relación de dependencia, incluso sin convivencia.

 

NUMEROS QUE AYUDAN A VER

Vayamos a las estadísticas. Según los informes actualizados, Chaco registró 11 femicidios directos en 2024,  cifra que la ubicó como la provincia con la tasa más alta de femicidios cada 100.000 mujeres en ese año.Entre enero y agosto de 2025 ya se sumaron 9 casos, liderando en la región NEA. Además, la mayoría de los femicidios ocurrió en el hogar o vivienda compartida, muchos de los agresores eran pareja o ex pareja, y existían antecedentes de denuncias previas o medidas de prevención.

Comparar esos números con los de otras provincias ayuda a dimensionar la gravedad. Existen otras jurisdicciones cercanas como Misiones y Santiago del Estero también con altas tasas pero sin ciertos indicadores extremos como en Chaco. Observatorios de instituciones civiles corroboran las cifras oficiales donde Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba tienen más casos absolutos, pero teniendo en cuenta la población femenina, sus tasas son menores que en nuestra provincia.

Técnicamente, reconocer femicidios exige que no todos los asesinatos de mujeres se cataloguen así. Como dijimos en párrafos anteriores, para que se configure femicidio debe probarse el contexto de violencia de género, lo que incluye desigualdades de poder, vínculos previos, situaciones de amenazas o denuncias. Esto es lo que diferencia un homicidio de una pareja conyugal de una muerte motivada por odio o por la condición de género. En Chaco, casos recientes como el de Sol Gómez Montiel —la niña de 13 años que vivía en Fontana- mostraron que el criterio normativo puede aplicarse porque hay protocolos vigentes y un respaldo que comienza en la Procuración General. Por si alguno lo olvidó, la fiscal Ana González de Pacce lo caratuló como femicidio pese a que el confeso asesino no era más que un vecino y sin que haya registro alguno de una charla previa entre la víctima y su victimario.

Digamos para aclarar. las estadísticas en números enteros o en tasas son cuestiones técnicas que se enlazan con una urgencia ética: si bien la ley prevé herramientas, define tipificaciones, incorpora agravantes y obliga al Estado a investigar con perspectiva de género, hay un retraso sistemático en su aplicación completa. Nos hacemos eco de lo que sugieren los especialistas en cuanto a los factores que conspiran para que las palabras de la norma no resulten en prevención efectiva. Entre ellos se mencionan: la carencia de estadísticas oficiales actualizadas y desagregadas, la demora en carátulas judiciales y la dificultad de acceso a denuncias más los obstáculos sociales que impiden que muchas mujeres puedan llevar adelante la denuncia.

 

Si bien la ley prevé herramientas, define tipificaciones, incorpora agravantes y obliga al Estado a investigar con perspectiva de género, hay un retraso sistemático en su aplicación completa. El marco legal es, por momentos, inútil para frenar una realidad que sigue sangrando.

 

EL DOLOR INOCULTABLE

El femicidio en Chaco no es solo un número. Es la expresión más cruel de una violencia que habita en los hogares, en las escuelas, en las calles, en los lugares de trabajo y en cualquier espacio de convivencia, aunque más no sea temporal. Por eso, sentimos que los conceptos técnicos no surten efecto si el Estado, la justicia y la sociedad no actúan desde la raíz: visibilizando, previniendo, sancionando. Muchas son las voces que se alzan hace años en el país para que los protocolos no fallen, para que los presupuestos no falten y constituir verdaderas redes de contención, de tal manera que la "perspectiva de género" no sea solo jerga legal. La brecha entre la letra de las leyes y la vida real sigue siendo abismal.

Pensando en el último mes, en el país se habló muchísimo sobre el triple "narco-femicidio" de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, que tuvo un agregado de crueldad que fue grabado en video y transmitido "en vivo". Días después nos enteramos del doble femicidio en Córdoba protagonizado por alguien que en el camino también asesinó a un remisero que lo había trasladado en parte del camino. El caso de Gabriela Barrios, en Avia Terai, no llegó a generar mucha reacción en los medios porteños. Pero no debemos medir las secuelas de estos crímenes por la repercusión social sino por las huellas que dejan.

Necesito confesar algo personal para fundamentar esto último. Soy nieto de una mujer que a sus 28 años fue asesinada por quien era su pareja (nunca pude asumir que ese hombre fue mi abuelo). En esos años se naturalizaba un caso así por un "desborde emocional" cuando no se lo justificaba con la frase "algo habrá hecho". Esto hizo crecer a mi padre en la orfandad desde los 8 años, sostenido de ahí en más por la caridad de tíos, primos y otros parientes. Soy testigo de qué manera esa huella lo atormentó hasta el final de sus días y cómo todo se teñía de ese dolor en los momentos que más debía surgir la alegría familiar, como navidad o el día de la madre. Cuando los especialistas hablan de familias "rotas" por generaciones, déjenme admitir que sé cabalmente de qué se trata.

 

Chaco registró entre enero y agosto de 2025, 9 femicidios. Cuando el fiscal Marcelo Soto termine de analizar el caso de Gabriela Barrios, entendemos que la estadística crecerá.

 

Por eso, estas líneas suman una voz más a tantas que se sostienen pidiendo una urgente toma de conciencia y cambio de fondo en los hechos. La actuación del fiscal Marcelo Soto en el caso de Avia Terai removió el deseo de sumarnos a un grito que debería despertarnos, remarcando el uso de la primera persona del plural. Mientras esos reclamos sigan siendo solamente eso, Chaco seguirá encabezando estadísticas y seguirá creciendo la deuda social de no proteger a quienes deberían estar seguras en su hogar, en su trabajo o en las calles.

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Por David Gauna