El STJ respaldó nuevamente al juez Codina en el juicio por daños contra las defensoras
El Superior Tribunal anuló un fallo de Cámara y ordenó reabrir una causa por daños y perjuicios que tiene como acusadas a funcionarias de la Defensoría, considerando arbitraria la "inmunidad" que se había dado a estas profesionales.
La Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los ministros Alberto Mario Modi y Néstor Enrique Varela, dictó la Sentencia Nº 268 en la cual anuló un falló en segunda instancia y ordenó reabrir una causa por daños y perjuicios que involucra como acusadas a varias de las integrantes de la Defensoría. La sentencia fue dada el miércoles 8, en la causa "Sucesores de Binaghi, Ana Malena; Codina, Juan Carlos c/ Acosta Calvo, María Daniela; Argarate Ruzich Estefanía; Baldovino, Yamila Vanesa y otros s/ Daños y Perjuicios". El grupo de profesionales demandadas se completa con María Celeste Ojeda, Julieta Dansey, Lorena Laura Andrea Padován y Gisela Gauna Wirz, algunas de las cuales -incluso- ya no cumplen funciones dentro del Ministerio Público de la Defensoría.
El máximo tribunal provincial hizo lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora y declaró la nulidad del fallo dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, ordenando que la causa continúe su trámite ante el juzgado que resulte sorteado.
El fallo consideró que la resolución de Cámara había incurrido en arbitrariedad, al carecer de una fundamentación razonada y omitir la valoración de elementos esenciales del caso. Según los ministros, la sentencia apelada se apoyó únicamente en actuaciones administrativas y desatendió pruebas y hechos relatados por los demandantes, quienes habían denunciado gestiones extralaborales de las defensoras oficiales para difundir manifestaciones desacreditantes en medios de comunicación.
En su análisis, la Sala Primera sostuvo que las camaristas realizaron una interpretación fragmentaria de la causa y aplicaron erróneamente el precedente "Mereles" de 2017, llegando a una conclusión que no guardaba correspondencia con los hechos litigiosos. Además, consideraron que la Cámara incurrió en un error al extender a las demandadas una inmunidad funcional absoluta, sin analizar la normativa local sobre enjuiciamiento de funcionarios y sin advertir que los hechos denunciados no se encuentran entre las causales previstas por la Ley Nº 188 para la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
El fallo destacó que condicionar la acción civil a una previa destitución de las funcionarias constituye una exigencia imposible de cumplir, que vulnera derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, la defensa en juicio y el acceso a la justicia. En ese sentido, el Superior Tribunal subrayó que la inmunidad funcional no puede convertirse en una "coraza protectora" frente a reclamos legítimos por daños personales derivados de conductas que exceden las competencias institucionales.
Asimismo, el pronunciamiento revisó los alcances de la figura de "improponibilidad de la demanda", explicando que sólo procede de manera excepcional cuando la pretensión resulta manifiestamente infundada o contraria a la ley. Advirtió que una aplicación extensiva o desmedida de esa herramienta judicial podría afectar el derecho de acción y el debido proceso, pilares esenciales del sistema constitucional argentino.
Finalmente, el STJ concluyó que los hechos invocados por los actores no eran manifiestamente improcedentes y que existían elementos suficientes para continuar el proceso hacia una sentencia de fondo. En consecuencia, rechazó el planteo, anuló el fallo de la Cámara y ordenó que la causa prosiga su trámite para dilucidar en sede judicial la eventual responsabilidad civil de las funcionarias demandadas por el juez Codina y su familia.
LA HISTORIA DE BASE
En noviembre de 2024, el máximo tribunal chaqueño ya se había expedido dándole la razón al actual juez de Garantías 4, Juan Carlos Codina, determinando que se violaron sus derechos de defensa y debido proceso; tras un sumario que desestimó la denuncia por supuesta violencia de género que habían firmado varias integrantes de la Defensoría Pública.
Todo inició en la presentación de un hábeas corpus y una posterior llamada telefónica de una de las defensoras hacia el juez Codina. Días después llegó una demanda por violencia de género que obligó a un sumario administrativo. Resuelto el mismo, el juez Codina junto a su esposa (fallecida unos meses después) y sus hijos inició la demanda por daños y perjuicios, originada por esa falsa acusación. El magistrado había planteado un colapso del sistema de fijación de agenda de audiencias y acusaba por ello a las defensoras por "entorpecer" la labor jurisdiccional.
Ya en 2024, el STJ declaró inconstitucional y por lo tanto nula, la Resolución dictada por la Sala segunda de la Cámara de Apelaciones, con las firmas de las magistradas Gladys Zamora y Araceli Barreto. También dieron por caída la actuación de la Jueza Civil 3 María Cristina Ramírez, quien había determinado que la demanda de Codina era "improponible", argumentando que las integrantes de la Defensoría Oficial gozaban de "inmunidad de proceso e inmunidad de opinión" y que por tal motivo se requería su previo desafuero para dar cabida al planteamiento.
Con el fallo, el STJ planteó a la juez de grado y a las juezas de cámara que violentaron el derecho de defensa y el debido proceso, dando entidad a la posibilidad de la demanda por daño y perjuicio. Además, impuso las costas a los actores vencidos y reguló los honorarios profesionales. Pese a esto, las integrantes de la Defensoría encontraron el recurso para que la Cámara volviera a plantear el freno al juicio por daños y perjuicios. Finalmente, ahora en octubre de 2025, el máximo tribunal ratificó aquel fallo, rechazando el planteo de improponibilidad de la demanda y exigiendo que continúe la tramitación de la causa a fin de obtener una sentencia de mérito.