Proponen ley para que Chaco vincule sus estrategias al Plan Nacional de Vacunación
Es una iniciativa de la titular de la Legislatura, Carmen Delgado, que busca reforzar la política sanitaria, haciendo foco en la prevención y promoviendo que la provincia avance "hacia una cobertura total de vacunas".
La Cámara de Diputados del Chaco dio ingreso este martes 7 al Proyecto de Ley 2193/2025 que propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.491, dando un marco integral para el control de las enfermedades prevenibles por vacunación. La propuesta, impulsada por la presidenta del Poder Legislativo, Carmen Noemí Delgado, busca garantizar que el territorio chaqueño se sume de manera plena al sistema federal de políticas inmunológicas, fortaleciendo así la estructura sanitaria local y la protección de los sectores más vulnerables.
La Ley 27.491, sancionada a nivel nacional en 2018, definió la vacunación como "una política pública prioritaria, de carácter obligatorio y gratuito, cuyo objetivo es alcanzar coberturas efectivas en toda la población". A través de esta adhesión provincial propuesta por ley, el Ministerio de Salud —o la autoridad que designe el Poder Ejecutivo— asumirá la coordinación y ejecución de los programas de inmunización, articulando con la cartera sanitaria nacional y con los distintos niveles jurisdiccionales. Según el texto del proyecto, esta medida permitirá "optimizar recursos, fortalecer los registros y garantizar la disponibilidad permanente de vacunas en todos los centros asistenciales".
Los fundamentos de la iniciativa destacaron que "la salud es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por la Argentina", y que la adhesión "asegura el acceso equitativo a la vacunación sin distinción de edad, condición social o lugar de residencia". En ese sentido, la norma incorporaría principios para reforzar "la gratuidad y la obligatoriedad de las vacunas, en un esquema que no sólo busca prevenir enfermedades, sino también combatir la creciente desinformación que afecta la confianza social en las campañas sanitarias".
Entre los puntos centrales, el proyecto resaltó la creación de registros digitales que permitirán un seguimiento más preciso de la población vacunada. Se trata del Registro Nacional de la Población Vacunada Digital y el Registro Nacional de Vacunadores Eventuales, herramientas que, aplicadas en el ámbito provincial, facilitarán la detección de brechas de cobertura, la planificación de campañas masivas y la respuesta rápida ante brotes epidemiológicos. En la práctica, esto implicará una mejor trazabilidad de los datos, algo que en los últimos años se convirtió en un desafío tanto para la Nación como para las provincias.
El texto presentado por Delgado también subraya el impacto que la adhesión puede tener sobre los grupos más expuestos: niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes concentran el mayor riesgo frente a las enfermedades inmunoprevenibles. "La ley garantizará que todos ellos reciban el calendario completo de vacunación", señala el documento, agregando que la política sanitaria se apoyará en estrategias de educación y concientización comunitaria para reforzar la confianza ciudadana en las vacunas.
Más allá del aspecto técnico, la iniciativa tiene un trasfondo político que la coloca en la línea de los consensos posibles dentro del mapa legislativo chaqueño. En tiempos de polarización, el impulso a una ley de salud pública se convierte en una oportunidad para reafirmar el rol del Estado provincial en la prevención y la equidad. La presidenta del cuerpo legislativo destacó que esta adhesión "no solo representa un acto de alineamiento con el marco nacional, sino también una decisión estratégica para construir un sistema de salud más eficiente, accesible y confiable".
En los hechos, la aprobación del proyecto permitirá que el Chaco acceda a recursos federales destinados a fortalecer la infraestructura sanitaria y a financiar campañas de vacunación. Esa articulación con el Ministerio de Salud de la Nación se traduce en un beneficio operativo y financiero para la provincia, que podrá coordinar de manera más eficaz la distribución y almacenamiento de las dosis, así como las tareas de capacitación de personal y comunicación pública.
Más allá de la adhesión formal, los especialistas recuerdan que la vacunación no solo implica garantizar la existencia de dosis, sino también "sostener una cultura sanitaria basada en la confianza". El proyecto incorpora la obligación de desarrollar campañas permanentes de información, destinadas a explicar los beneficios de la inmunización.