Periodista
Jorge Canteros: "Sin los fiscales de narcomenudeo, Chaco estaría peor que Rosario"
A una década de su creación, el procurador general de la Justicia repasó el rol del Fuero de Microtráfico, junto con las dos fiscales que afrontan la batalla cotidiana contra la venta de estupefacientes. Más de 6.000 causas se generaron, con una efectividad superior al 90% para generar sentencias y condenas.
En una sala austera, cargada de expedientes y con el murmullo de un trabajo que se advierte incesante, Diario Chaco pudo dialogar con el procurador general de la Justicia, Jorge Canteros, y las dos fiscales del Fuero de Microtráfico (también conocido como de Narcomenudeo) María Eugenia Arechavala y Mariángeles Benítez. Entre los tres trazaron un balance de una década de trabajo de este fuero que arrancó en agosto de 2015, con la sanción de la Ley 2304-N. Ahí se sumó nuestra provincia a otras cinco jurisdicciones que avanzaron en lo que se dio en llamar "desfederalización". Para poner en perspectiva, recién esta primera semana de octubre de 2025, Corrientes aprobó la ley provincial para "desfederalizar" el seguimiento judicial de microtráfico de estupefacientes.
En realidad, las fiscales titulares son Natalia Lovey Pessano y María Eugenia Arechavala, ambas actualmente en uso de licencia por motivos diversos y por ello quien está subrogando esas fiscalías es la doctora Benitez. En una década, este se consolidó en todo el territorio chaqueño con 6.000 causas generadas en los 10 años, de las cuales más de 3.000 fueron requeridas a juicio y un alto promedio de allanamientos mensuales. Más una cantidad de decomisos de sustancias como marihuana o cocaína que ha sido destacado a nivel nacional por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Con 18 personas para cubrir el trabajo en todo el territorio provincial, incluyendo a los ayudantes fiscales distribuidos en las distintas circunscripciones, el fuero especializado se convirtió en el primer eslabón de la lucha contra la venta minorista de drogas. La dinámica del fuero, que nació para descomprimir a la Justicia Federal y permitirle concentrarse en el narcotráfico a gran escala, tiene actualmente una fuerte impronta territorial.
En una década, el Fuero de Narcomenudeo generó 6.000 causas judiciales, de las cuales más de 3.000 fueron requeridas a juicio, a partir de un alto promedio de allanamientos mensuales con decomisos de sustancias como marihuana o cocaína.
BALANCE Y DESAFIOS
El procurador general Jorge Canteros, repasó la historia, los obstáculos y las consecuencias de una decisión política que, según sus palabras, "cambió el rumbo de la provincia. Si no hubiésemos tenido estas fiscalías, Chaco sería Rosario o peor aún", advirtió, reivindicando los logros alcanzados pese a la falta de recursos y la ausencia de fondos prometidos por Nación.
Canteros recordó que "en agosto de 2015, cuando el Chaco se sumó al grupo de provincias que desfederalizaron la competencia en delitos de narcomenudeo arrancamos un camino difícil. Iniciamos con acuerdos de palabra con la Justicia Federal y en un contexto que mostraba grandes rechazos en distritos más grandes como Entre Ríos, donde los fiscales generales, la Corte local y el Ejecutivo se manifestaron en contra del modelo por considerarlo inviable sin financiamiento. A nosotros también nos prometieron 95 millones de pesos, que deberían ser actualizados para tener su verdadera dimensión, para arrancar. Pero esos fondos nunca llegaron e igual lo hicimos".
El sistema chaqueño se sostiene con dos fiscalías especializadas, ayudantes fiscales distribuidos en cada circunscripción judicial y la cooperación permanente de la Policía provincial y las fuerzas federales. El límite de competencia está dado por la cantidad de droga incautada: si supera los 10 kilos de cocaína, el caso pasa a la Justicia Federal. "Lo importante es que nadie se detiene a pensar en el momento de actuar quién intervendrá después; se actúa, y luego se define", explicó Canteros.
El procurador destacó que mantener en funcionamiento este fuero implica un "tremendo esfuerzo" presupuestario para el Poder Judicial. Cada allanamiento demanda logística, secuestros múltiples de dispositivos, pericias en laboratorios y un trabajo constante del gabinete científico. "Es un fuero carísimo, pero lo financiamos con recursos propios. Autonomía funcional tenemos, pero presupuestaria no, porque la caja grande la sigue manejando el Superior Tribunal de Justicia", señaló.
La falta de fondos nacionales fue una constante, a pesar de reiterados reclamos de Canteros en distintas gestiones. "Hablé con quienes fueron ministros de dioversos gobiernos como Germán Garavano, o Julio Alak, pero nunca llegó un peso específico para microtráfico. Nos supimos arreglar con lo que tenemos". Para ello, destacó resultados: creación de pabellones especiales, detenidos con un alto porcentaje de condenas firmes y la necesidad de recurrir a tobilleras electrónicas y prisiones domiciliarias por la falta de espacio carcelario.
En 2015, el Estado nacional se comprmetió a enviar 95 millones de pesos para arrancar. Esos fondos nunca llegaron e igual el Fuero se puso en marcha y se sostuvo.
LO PENAL Y LO SANITARIO
Canteros fue enfático en despejar una de las críticas iniciales: "Nunca perseguimos consumidores. Siempre fuimos por los vendedores, en pequeña o mediana escala. La persecución de adictos no es ni será nunca el objetivo". Y en esa línea, llamó a los gobiernos a invertir en políticas de prevención y asistencia: "Se necesitan centros de tratamiento de adicciones. El programa Fortaleza es un buen inicio, pero hay que darle más trascendencia. La droga no distingue clases sociales".
La preocupación no se limita a lo institucional, sino también a lo social y humano. El procurador recordó que muchas familias chaqueñas deben enviar a sus hijos a centros de recuperación en Córdoba, Buenos Aires o La Plata, con enormes sacrificios económicos. "Las internaciones son voluntarias, porque ningún juez puede ordenarlas. Así lo establece la ley nacional de salud mental", recordó. Por ello, insistió en que el fuero de microtráfico sigue siendo un "pilar imprescindible" en la lucha contra el narcotráfico en Chaco. Un logro nacido de una decisión política, sostenido con recursos limitados y con deudas estructurales que aún esperan respuesta.
SIN CUSTODIAS NI MIEDOS
Las fiscales María Eugenia Arechavala y Mariángeles Benítez repasaron la dimensión del trabajo que llevan adelante junto a su acotado equipo de colaboradores, con resultados que consideran muy valiosos. "Para nosotros significó un compromiso muy importante con la sociedad. Este fuero arrancó prácticamente de cero y hoy podemos decir que se consolidó", remarcaron en diálogo con Diario Chaco.
Las funcionarias recordaron que el modelo inicial se tomó de la provincia de Salta y que actualmente cuentan con un plantel de 18 personas en total, incluidos los ayudantes fiscales distribuidos en cada circunscripción judicial, que se convierten en los "ojos y oídos" de las fiscalías en el interior. "Fue una victoria muy especial haber logrado la consolidación porque permitió cumplir con el objetivo de la ley: descomprimir a la Justicia Federal para que se concentre en el narcotráfico a gran escala, mientras nosotros combatimos directamente el narcomenudeo en los barrios", explicaron.
En estos diez años, el fuero recibió cerca de 6.000 causas, de las cuales más de 3.000 fueron elevadas a juicio. La estadística da cuenta de un ritmo intenso que se sostiene a diario. Solo en septiembre, detallaron, se realizaron 29 allanamientos en toda la provincia, la mayoría en Resistencia y alrededores, que se dispusieron a través de los Juzgados de Garantías. "Cada procedimiento es el resultado de un trabajo previo muy sólido, que arranca muchas veces con una denuncia anónima, continúa con tareas de investigación y pruebas concretas de la policía, y se corona con la autorización del Juzgado de Garantías", indicaron. Entre el 90 y el 95% de esos operativos resultaron positivos.
Entre los detenidos varones, un 70% tienen entre 24 y 55 años, pero también algunos jóvenes de 18 recién iniciados en la venta. Entre las mujeres, la gran mayoría son madres jóvenes, de entre 20 y 30 años, muchas atravesadas por la violencia de género y la desesperación económica.
VULNERABILIDAD SOCIAL Y NEGOCIO
Las fiscales también destacaron la particularidad de esta labor: "Muchos de los delitos conexos, como robos o episodios de violencia de género, guardan relación directa con el consumo de estupefacientes. Por eso este fuero es clave: porque no solo enfrenta el narcotráfico, sino que también incide en la reducción de otros delitos vinculados".
El compromiso, sin embargo, choca con las limitaciones estructurales. "Trabajamos con poco personal y con recursos ajustados. Pero lo hacemos con la convicción de que cada causa que llevamos a juicio está probada con el caudal suficiente para demostrar la culpabilidad del imputado. No podemos actuar desde el miedo, sino con la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien", señalaron. Si bien admitieron que en algunos casos hubo amenazas a funcionarios judiciales de este fuero, aclararon que ellas no tuvieron que recibir custodia y que su tarea sigue siendo investigar "con seriedad y cuidado".
En cuanto al impacto social, las fiscales insistieron en que la lucha contra el narcotráfico no puede quedar exclusivamente en manos de la Justicia. "Muchas veces sentimos que la sociedad nos exige más y no hace distinción si es la Federal o la Provincial. Sí, somos los encargados de combatir el narcotráfico, y lo tenemos que hacer de manera mancomunada. Pero la prevención es fundamental y ahí deben involucrarse la familia, la escuela, las iglesias y los clubes. Muchas veces los jóvenes buscan en el consumo una salida a sus problemas, sin darse cuenta de que se meten en uno mucho más grande. La contención social previa es clave", enfatizaron. Las funcionarias alertaron también sobre una tendencia creciente: la captación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, cada vez más mujeres caen en el microtráfico."En el caso de los varones, la mayoría, aproximadamente un 70%, tienen entre 24 y 55 años, pero también vemos jóvenes de 18 recién iniciados en la venta. Entre las mujeres, la gran mayoría son madres jóvenes, de entre 20 y 30 años, muchas atravesadas por la violencia de género y la desesperación económica. Terminan siendo manipuladas como piezas menores de un negocio que las usa como títeres", advirtieron.
Finalmente, las doctoras Arechavala y Benítez coincidieron en una advertencia social: "Debemos advertir que la droga lleva una situación aspiracional porque muchos jóvenes consideran que les da acceso a dinero fácil y así a obtener elementos de lujo para ellos, que por ahí son solamente un celular o una moto. La falta de trabajo o de proyección personal en ciertos sectores de la sociedad implica una directa relación entre el poder económico y la droga. Entonces, al ser aspiracional es más fácil que estos chicos que entran en el microtráfico sean manejados como títeres por quienes están en el negocio grande".
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