El Gobierno inició el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina
Mediante un decreto publicado este martes, establece un esquema mixto de capital privado y participación de trabajadores. El Estado venderá un 44% de las acciones a inversores privados, pero conservará el control mayoritario de la empresa.
El Gobierno nacional formalizó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa a cargo de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida quedó plasmada en el Decreto 695/2025, que habilita la venta de parte de las acciones a inversores privados y la implementación de un Programa de Propiedad Participada.
Actualmente, NASA pertenece en un 79 % al Estado nacional, en un 20 % a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en un 1 % a Energía Argentina (ENARSA). Con el nuevo esquema, se venderá el 44 % de las acciones mediante licitación nacional e internacional y se destinará un 5 % a los trabajadores. De este modo, el Estado y la CNEA mantendrán en conjunto el 51 % de la participación, garantizando la mayoría accionaria.
El Ejecutivo fundamenta la decisión en la necesidad de atraer capital privado para financiar proyectos estratégicos, como la extensión de la vida útil de Atucha I, prevista para 2027, y la construcción de un sistema de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II. También argumenta que la medida permitirá reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.
En 2023, Nucleoeléctrica recibió transferencias estatales por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Aun así, el Gobierno remarca que la incorporación de socios privados es clave para fortalecer la competitividad y asegurar la continuidad de las obras en marcha.
En paralelo, el decreto reconoce la trayectoria técnica de la empresa, que en 2024 alcanzó un récord de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. Para sostener ese nivel de producción y encarar nuevos desarrollos, el Ejecutivo considera indispensable abrir el capital a privados.
La implementación del proceso quedará en manos del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, con una licitación abierta a oferentes nacionales e internacionales bajo los parámetros de la Ley 23.696. Además, intervendrá la Secretaría de Trabajo, que deberá analizar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada, mientras que el Congreso recibirá un informe a través de la Comisión Bicameral correspondiente.