La Fundación Todo por Todos celebró el fallo contra Melchiori
La Justicia de Sáenz Peña ordenó al Ministerio de Seguridad a la Jefatura de la Policía hacer efectiva la prohibición al excomisario de Taco Pozo a ejercer "cargo o función policial en los Departamentos Almirante Brown, General Güemes y Maipú".
La abogada, Adriana De Langhe, que patrocinó a la Fundación Todo por Todos informó que en la mañana de este lunes fueron notificados de la resolución judicial que dio lugar al habeas corpus presentado por la Asociación Civil Todos por Todos, tras un incidente ocurrido el 17 de agosto en Taco Pozo con el comisario Daniel Melchiori.
De Langhe señaló que la resolución generó conformidad en la presidenta de la Fundación y en los médicos voluntarios de la entidad, quienes aguardaban garantías para retomar sus actividades de asistencia en Taco Pozo y otras localidades. "Lo primero que me dijo Viviana fue que ahora sí nos ponemos a armar el viaje", relató la abogada, al confirmar que el fallo les devuelve seguridad para continuar con su labor comunitaria.
La letrada recordó que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de situaciones que desde hace más de nueve meses afectaban a la comunidad de Taco Pozo. El juez Lineras resolvió un habeas corpus individual, reparador y colectivo preventivo, que alcanza tanto a los integrantes de la fundación como a los habitantes de la localidad.
Entre las medidas ordenadas, se dispuso:
Prohibición absoluta para que Melchiori ejerza funciones policiales en los departamentos Almirante Brown, General Güemes y Maipú, la realización de un curso de derechos humanos y garantías para el personal de la comisaría de Taco Pozo, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en un plazo de 60 días.
Exhorto al Ministerio de Seguridad y al Órgano de Control Institucional a investigar y sancionar las conductas atribuidas al comisario.
Pedido a la Fiscalía de Derechos Humanos para avanzar en una investigación seria y rápida sobre los hechos denunciados.
Un acto público de pedido de disculpas por parte del intendente de Taco Pozo, con participación de autoridades provinciales y la comunidad.
Asimismo, se dio vista a la Fiscalía de Derechos Humanos por presunta desobediencia judicial, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionario público.
De Langhe señaló que la resolución generó conformidad en la presidenta de la Fundación y en los médicos voluntarios de la entidad, quienes aguardaban garantías para retomar sus actividades de asistencia en Taco Pozo y otras localidades. "Lo primero que me dijo Viviana fue que ahora sí nos ponemos a armar el viaje", relató la abogada, al confirmar que el fallo les devuelve seguridad para continuar con su labor comunitaria.
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