La Cámara anuló la insólita multa que el juez Sinkovich quiso imponer al Estado
Las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara Martínez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial dejaron sin efecto la resolución que exigía un pago diario por astreintes de $ 85.900.000. La fundamentación de la Fiscalía de Estado fue clave para rechazar el planteo que originalmente partió de la Defensoría General Adjunta.
La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial hizo lugar al recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Estado y revocó la resolución que exigía a la Provincia un pago diario a de $ 85.900.000 en concepto de astreintes. La fundamentación de la Fiscalía fue clave para rechazar el planteo que originalmente partió de la Defensoría General adjunta.
En ese contexto, las juezas de la Cámara, Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara Martínez dejaron sin efecto el fallo que ordenaba la millonaria multa. La resolución se conoció 11 días después de que el juez Civil y Comercial 6 de Resistencia, Jorge Mladen Sinkovich ratificara las multas al considerar que no se cumplimentó una medida cautelar innovativa relacionada a la asistencia de comunidades originarias del interior.
Con ese panorama, la fundamentación de la Fiscalía fue determinante. El fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein había explicado a Diario Chaco que las astreintes "no correspondían porque no se tuvieron en cuenta los informes voluminosos que presentamos de las distintas áreas del Estado. Allí no sólo se dio cuenta de un sinnúmero de acciones positivas que se están llevando a cabo en territorio, sino también las que ya se llevaron adelante y las que están planificadas para los próximos meses".
Todo inició en diciembre de 2024, cuando la Defensoría General adjunta presentó un recurso de amparo a través del cual solicitó asistencia urgente, pedido que se agregó al reclamo del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) que en enero solicitó ampliar la asistencia, sobre todo para la comunidad wichí.
La Fiscalía de Estado defendió lo actuado y planteó que la sanción económica era "improcedente y desproporcionada, ya que no existe una actitud reticente ni evasiva por parte del Gobierno que justifique la medida". Asimismo, destacó que la medida que derivó en la cautelar fue apelada con informes oficiales, reflejados en el expediente, que develan acciones concretas y verificables por parte del Estado.
Tras la apelación, la Cámara resolvió "hacer lugar al recurso de apelación y en consecuencia revocar la medida cautelar dispuesta en fecha 18/03/25, conforme a los fundamentos que anteceden" y además "dejar sin efecto los astreintes impuestos a la parte demandada, en todo lo que fuera materia de recurso, en virtud de lo expuesto en los considerandos".