Fallo contra Melchiori: le prohibieron ejercer cargos policiales en tres departamentos
La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña ordenó al Ministerio de Seguridad a la Jefatura de la Policía hacer efectiva la prohibición al excomisario de Taco Pozo a ejercer "cargo o función policial en los Departamentos Almirante Brown, General Güemes y Maipú".
La Justicia ordenó la prohibició al excomisario de Taco Pozo, Daniel Augusto Melchiori a ejercer cargos o funciones policiales en tres departamentos. El fallo, de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, a cargo del juez Rodolfo Gustavo Lineras hizo lugar al habeas corpus presentado por la asociación civil Todo Por Todos y dispuso que tanto el Ministerio de Seguridad como la Policía hagan efectiva la prohibición a Melchiori para desempeñarse como funcionario policial en los departamentos Almirante Brown, General Güemes y Maipú.
El punto dos del fallo de la Cámara ordenó "al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía de la Provincia del Chaco hagan efectiva la prohibición absoluta de que Daniel Augusto Melchiori, ejerza cargo o función policial en los Departamentos Almirante Brown, General Güemes y Maipú, ámbito donde la Asociación Civil "Todo Por Todos" desarrolla sus actividades solidarias".
La medida se tomó luego del habeas corpus colectivo, preventivo y reparador presentado por la asociación, a raíz de los hechos ocurridos el domingo 17 de agosto, en Taco Pozo. "Se pudo acreditar que varios integrantes de la Asociación Civil Todo por Todos fueron ilegal y arbitrariamente privados de su libertad ambulatoria por personal perteneciente a la policía provincial", señala la resolución e indica que "como consecuencia de esta primigenia violación de la libertad personal, quedaron vulnerados otros derechos fundamentales de las víctimas, como son la integridad física, psíquica y moral, la dignidad, el derecho a la intimidad, el derecho de reunión, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, el derecho a la información, el derecho de acceso a la justicia y a la protección judicial efectiva"
Asimismo, se consiguió probar que "el derecho a la libertad y a la seguridad de todos/as quienes forman parte de la Asociación Civil Todo por Todas está amenazado de afectación, en forma actual, seria, grave e inminente, por las prácticas policiales abusivas imperantes en la mencionada localidad, situación que les impide a tales personas el libre y pleno ejercicio de otros derechos constitucionales, en especial el derecho a elegir un proyecto de vida sin interferencias indebidas del Estado".
Y finalmente, también se tuvo por probado que "colectivamente el derecho a la libertad y a la seguridad de toda la población de Taco Pozo está bajo amenaza, esto a causa de la persistencia de un patrón de violencia institucional, favorecido por la falta de debida diligencia en la investigación de las denuncias por violaciones a los derechos humanos y de un estricto contralor del accionar de la fuerza policial por parte de las agencias judiciales competentes, exponiendo a las personas de esa comunidad a una verdadera situación de desprotección y desamparo jurídico, lo que hace peligrar, además de la libertad física, otros derechos básicos (como ser el derecho a la salud), particularmente de los grupos más vulnerables. Ahora bien, la plataforma fáctica antes reseñada reconoce como antecedente una serie de graves irregularidades corroboradas en la actuación policial, las que a continuación paso a describir de manera pormenorizada".
Con ese panorama, además de la prohibición de ejercer cargos en tres departamentos, se ordenó un curso de Derechos Humanos para el personal policial, que estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia. También se exhortó, tanto al Ministerio de Seguridad como al Órgano de Control Institucional (OCI), "a extremar la debida diligencia en las actuaciones administrativas para investigar y, en su caso, sancionar la conducta atribuida al funcionario policial Daniel Augusto Melchiori".
Por otra parte, la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos fue exhortada "a realizar una investigación rápida, seria y eficiente", por los hechos contra integrantes de la fundación.
En cuanto al intendente de Taco Pozo, Carlos Antonio Ibañez fue exhortado a "realizar un acto público de pedido de disculpas a los/as integrantes de la Asociación Civil "Todo por Todos" como medida de reparación simbólica". Por otra parte, se da intervención a la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos ante la posible comisión de delitos de desobediencia judicial y falsedad ideológica; y por la "posible comisión del delito de omisión de los deberes de funcionario público".