El Gobierno dictó cesantía para un ex funcionario por "abandono de servicio"
El afectado era personal de planta de Desarrollo Humano y fue nombrado subsecretario en Salud Pública en 2023. Pero tras cesar en el cargo nunca regresó a cumplir sus tareas. Quedó abierta la posibilidad de un nuevo sumario para determinar eventuales responsabilidades económicas por reintegros pendientes.
El Gobierno de Chaco resolvió aplicar la sanción de cesantía al agente Jorge Alfredo Benítez, quien se desempeñaba como personal de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano. La medida se formalizó tras un sumario que se extendió por más de un año e incluyó audiencias, descargos y la intervención de distintos organismos de control.
El caso se originó en marzo de 2023, cuando Benítez recibió una licencia sin goce de haberes para ocupar un cargo superior como subsecretario en el Ministerio de Salud Pública. Al finalizar ese período, en diciembre del mismo año, el funcionario no se reintegró a su puesto de origen, lo que derivó en acusaciones por abandono de servicio y transgresión a los deberes establecidos en la Ley 292-A, que regula el estatuto del personal de la administración pública provincial.
En paralelo, la Dirección de Administración del Ministerio de Salud solicitó el descuento de haberes por más de 4,6 millones de pesos, aunque la investigación estableció que Benítez no percibió salarios durante el período cuestionado, dado que sus haberes estaban suspendidos desde que asumió funciones superiores.
El proceso administrativo incluyó un análisis sobre la supuesta incompatibilidad entre su condición de empleado público y la realización de guardias médicas en la Unidad Médica Educativa de la UNCAUS, en Sáenz Peña. Sin embargo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas concluyó que no existía incompatibilidad legal.
La defensa de Benítez, representada por la abogada Nora Rey, presentó descargos, ofreció pruebas y cuestionó las notificaciones, pero finalmente la Dirección de Sumarios determinó que el agente incurrió en inasistencias injustificadas y no acreditó circunstancias que desvirtuaran la imputación. Asimismo, la Asesoría General de Gobierno dictaminó que se habían respetado las garantías del debido proceso y aconsejó aplicar la sanción máxima. El decreto firmado por el gobernador establece la expulsión definitiva de Benítez de la administración pública provincial, por incumplimiento de los deberes de funcionario.
La resolución deja abierta la posibilidad de que el Ministerio de Salud inicie un nuevo procedimiento para determinar eventuales responsabilidades económicas por reintegros pendientes. Con esta medida, la provincia cierra un largo expediente que combinó cuestiones administrativas, políticas y judiciales, y que finalmente derivó en la cesantía de un funcionario con más de una década en la administración pública.