El Gobierno va a promulgar la ley de discapacidad, pero pospondrá su aplicación
Francos confirmó que finalmente no judicializarán la emergencia en el sector, pero que van a reglamentarla recién cuando definan de dónde saldrán los recursos para su financiamiento.
El Gobierno confirmó que promulgará la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso tras rechazar el veto del presidente Javier Milei, pero aclaró que no será reglamentada hasta definir de dónde saldrán los recursos para su financiamiento. Así lo anunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al señalar que la implementación quedará en pausa hasta resolver el aspecto presupuestario. El Ejecutivo había evaluado recurrir a la Justicia para frenar la aplicación de la ley, pero el funcionario confirmó que desistieron de este camino.
"El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas", explicó Francos en una entrevista al diario Clarín.
Luego agregó: "También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?".
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la normativa podría generar entre 493.000 y 946.000 nuevas altas de beneficiarios, lo que implicaría un gasto extra de entre $1,88 y $3,62 billones (0,22% a 0,42% del PBI). También proyectó $278.323 millones para compensación de emergencia a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.
El proyecto fue impulsado ante la crisis del sistema de atención a la discapacidad, provocada por el congelamiento de fondos y la reducción de beneficiarios luego de una cuestionada auditoría en la ANDIS, entonces a cargo de Diego Spagnuolo. Aunque el proyecto había surgido antes de que se conocieran los audios que derivaron en su salida del Gobierno, su difusión aceleró el apoyo legislativo.
La ley crea un sistema de Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, dirigido a quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), no superen dos salarios mínimos, no reciban planes similares y pasen una evaluación socioeconómica. Además refuerza el Sistema de Prestaciones Básicas y establece la actualización mensual automática de aranceles según el IPC. También incluye un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores del sector y aumenta el financiamiento de la ANDIS.