Insólita multa: la Defensoría pidió embargar a Chaco $ 1.300 millones de la coparticipación

Como parte de la discusión que arrancó a finales del año pasado, la defensora general adjunta del Poder Judicial, Gisela Gauna Wirz, pidió el pasado miércoles 10, un embargo de los fondos coparticipables hasta cubrir la suma de $1.374 millones en concepto de astreintes. Esto se dio como respuesta a la decisión del juez Civil y Comercial 6 de Resistencia, Jorge Mladen Sinkovich quien corrió traslado a la Defensoría tras la presentación que en su momento hizo la Fiscalía de Estado, de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra una la Resolución dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 el pasado 22 de agosto. 

Ese fallo implicaba una multa diaria a la provincia –en concepto de astreintes– de $ 85.900.000, al considerar que no se habría cumplido con una medida cautelar innovativa vinculada a la asistencia de comunidades originarias del interior. El origen de la discusión fue en diciembre de 2024, cuando la Defensoría presentó un amparo solicitando asistencia urgente y en plena feria judicial, en enero, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) sumó su reclamo de manera similar pidiendo ampliar la asistencia, especialmente para la comunidad wichí.

En aquel momento la Fiscalía defendió lo actuado desde los organismos oficiales que sostienen la asistencia, planteando que la sanción económica era "improcedente y desproporcionada, ya que no existe una actitud reticente ni evasiva por parte del Gobierno que justifique la medida". También se recordó ahí que la Resolución que dio origen a la cautelar fue apelada oportunamente, con informes oficiales presentados en el expediente que dan cuenta de acciones concretas y verificables por parte del Estado. Entre ellas, se mencionaron la asistencia alimentaria y sanitaria, entrega de medicamentos y equipamiento, obras para la provisión de agua potable, apoyo a comedores, proyectos educativos con enfoque intercultural, y el otorgamiento de becas a integrantes de las comunidades originarias.

En esa presentación la Fiscalía de Estado había advertido al juez Sinkovich que "la multa diaria fijada representa una suma exorbitante, que mensualmente asciende a $ 2.577 millones, generando un serio perjuicio al patrimonio provincial y afectando directamente la ejecución del presupuesto destinado a cubrir necesidades básicas en distintas jurisdicciones".

VULNERABILIDAD DE LAS CUENTAS

Ante la nueva situación, Diario Chaco  entrevistó al fiscal de Estado Roberto Alejandro Herlein quien explicó que  el organismo a su cargo está obligado a esperar "la notificación que haga juez una vez que resuelva el planteo que nosotros hicimos de que entendíamos que las astreintes no correspondían porque no se tuvieron en cuenta los informes voluminosos que presentamos de las distintas áreas del Estado. Allí no sólo se dio cuenta de un sinnúmero de acciones positivas que se están llevando a cabo en territorio, sino también las que ya se llevaron adelante y las que están planificadas para los próximos meses".

Herlein recordó que "también en esa presentación habíamos ofrecido la presencia de los funcionarios de las distintas carteras para dar las explicaciones correspondientes si es que existiera alguna duda con algún informe, para que si existiera alguna falencia, se pueda definir una solución lo más ágil posible, incluyendo reforzar la asistencia. Con este espíritu también pedimos la citación del IDACH a una mesa de trabajo, asumiendo que la enorme demanda de la población originaria debe ser abordada en conjunto, con un trabajo sostenido y a largo plazo".

Los informes que se presentaron a la justicia se destacan en detalle: asistencia alimentaria y sanitaria, entrega de medicamentos y equipamientos, obras para la provisión de agua potable, apoyo a comedores, proyectos educativos con enfoque intercultural y el otorgamiento también de becas a integrantes de las comunidades originarias.

El fiscal Herlein admitió que el pedido de embargo a la coparticipación generó "sorpresa y preocupación". Fundamentó esto en que "nosotros mostramos que el Estado tiene voluntad de cumplimiento y acciones concretas en marcha y planificadas para ser sostenidas. No se dan los supuestos para aplicar este tipo de multas o sanciones. Además, como representante legal del Estado me preocupa porque esto puede repercutir en muchas áreas si no se resuelve con cordura y con sentido común".

"Yo siempre, en mi función anterior como juez siempre pensé en algo que explicaba el doctor Lorenzetti: hay que tener un análisis consecuencialista de cada decisión judicial. Es decir, uno tiene que pensar las consecuencias que generan las sentencias. En el caso que estamos analizando, se puede llevar al Estado a una situación de vulnerabilidad económica con consecuencias incalculables. No podemos desconocer las necesidades de las comunidades originarias como tampoco hacernos los distraídos porque una eventual sanción económica abrirá un abanico de incertidumbre y preocupación, en un contexto general que es de por sí muy complejo", aseveró Herlein quien además planteó: "El fin último que tiene que buscar la Justicia es la pacificación en una situación tan delicada y no que el conflicto siga escalando".

LOS PRÓXIMOS PASOS

Para la Fiscalía de Estado cualquier próximo paso va a estar supeditado a la respuesta formal que llegue desde el juez Sinkovich. El pedido de embargo es en sí una manera de escalar en el conflicto que parece alejar la solución de fondo, que en definitiva es asegurar la asistencia a las comunidades.  Aunque se sepa que un embargo puede significar poner en jaque las arcas del Estado, no se puede presentar ningún otro planteo formal hasta que no sea oficial la decisión del Juzgado Civil 6.

En caso que el juez Sinkovich rechazase el planteo de Fiscalía de Estado, tiene la obligación de elevarlo en un plazo breve a la Cámara de Apelaciones para que allí se lo resuelva. En cualquier instancia, está claro que desde el Ejecutivo se seguirá planteando una instancia de diálogo como la mesa de trabajo propuesta para advertir si las falencias reclamadas por la Defensoría General son comprobables y generar una solución lo más ágil posible.

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