Vialidad: audiencia clave para definir si CFK debe devolver los US$ 530 millones
¿El destino de los bienes? Aún no está claro si los inmuebles pasarán a manos de la Corte Suprema o si se subastarán.
Este jueves 11 de septiembre se realizará una audiencia central en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que comenzará a definir el futuro del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal N° 2 fijó en $ 685.000 millones el monto a reparar por el daño ocasionado al Estado, una cifra que la expresidenta cuestiona al considerar que debería reducirse a $ 42.000 millones, según los cálculos de sus peritos basados en la tasa pasiva del Banco Central.
La defensa de Cristina Kirchner también plantea que la ejecución del decomiso debe tramitarse en la justicia civil y comercial federal, no en el fuero penal. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez también objetó la medida, argumentando que el proceso ya está siendo abordado por el TOF 4 en la causa conocida como la Ruta del Dinero K.
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña serán los encargados de escuchar a las partes y resolver en un plazo de cinco días sobre los recursos de casación. El presidente de la Cámara ya confirmó que los planteos de la defensa de Cristina se analizarán en conjunto. Cabe recordar que el 17 de junio la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la exmandataria por administración fraudulenta.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya trabajan en la identificación de propiedades de Cristina Kirchner susceptibles de decomiso. Entre ellas figuran dos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, departamentos del complejo Madero Center y al menos 24 propiedades en el sur del país, incluido el hotel Alto Calafate. Sin embargo, la situación es compleja, ya que muchos de esos bienes están embargados en la causa Hotesur–Los Sauces.
EL DESTINO DE LOS BIENES
Aún no está definido si los inmuebles pasarán a manos de la Corte Suprema o si serán subastados. Una acordada del máximo tribunal abrió la posibilidad de que se asignen al propio Poder Judicial o al Consejo de la Magistratura, o bien que se cedan a provincias, municipios o entidades de bien público para programas sociales, educativos o sanitarios.