ADEPA criticó a la Justicia tras la prohibición de difusión de los audios

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su rechazo a la decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

ADEPA consideró que esta medida "limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa". 

"La reciente sentencia (…) es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa", afirmó la Asociación mediante un comunicado. 

La organización remarcó que se opone de forma sistemática a toda decisión de funcionarios públicos que impida la difusión de información, "en especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional".

En sintonía a esto, ADEPA sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue contundente al respecto: con la única excepción de contenidos que afecte a menores de edad, "cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión"

La entidad señaló también que "la publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores", es decir, que si existiera alguna irregularidad legal en la obtención del material, el Estado tiene derecho a investigar y sancionar esos delitos.

El pronunciamiento se conoció luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por el Gobierno, que denunció una presunta "operación de inteligencia ilegal" orientada a "desestabilizar al país en plena campaña electoral" mediante la filtración y publicación de audios obtenidos de forma clandestina. El fallo ordenó "el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei".

La denuncia judicial, presentada por el Ministerio de Seguridad y radicada en el Juzgado Federal N.º 12, apunta también contra el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes se señala como posibles integrantes de una red que, según el Ejecutivo, busca alterar la campaña electoral y "generar violencia contra funcionarios del oficialismo". Además, se menciona la posibilidad de que los audios hayan sido manipulados digitalmente con fines políticos.

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