Neuquén: evitó un juicio por faltar como presidente de mesa tras donar $ 70.000
La imputada no se presentó en las PASO 2023 y acordó reparar el perjuicio con un hospital. La Cámara Nacional Electoral aprobó analizar su propuesta de forma restaurativa.
Faltar al deber cívico de ser autoridad de mesa en una elección puede traer consecuencias penales. La legislación argentina establece sanciones de seis meses a dos años de prisión para quienes, sin causa justificada, incumplen con esta responsabilidad.
El caso de una mujer de Neuquén ejemplifica la situación: no se presentó a cumplir su función como presidente de mesa en las PASO del 13 de agosto de 2023 y se le inició una causa penal por infracción al artículo 132 del Código Electoral Nacional. Sin embargo, logró evitar el juicio mediante un acuerdo de reparación.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la mujer propuso donar $70.000 al Hospital Provincial Neuquén "Dr. Eduardo Castro Rendón" como forma de reparación integral del perjuicio ocasionado. El acuerdo fue respaldado por el Área Electoral de la Unidad Fiscal de Neuquén, bajo la coordinación del fiscal Oscar Fernando Arrigo.
Inicialmente, la jueza María Carolina Pandolfi rechazó la propuesta, argumentando que no existía una víctima individual que pudiera recibir la reparación. La fiscal federal con competencia electoral, Ángela Cecilia Pagano Mata, apeló la decisión junto con la defensa de la imputada, sosteniendo que la ausencia de autoridades de mesa genera un perjuicio económico al Estado y que la reparación integral es una herramienta válida. "La presencia de las autoridades de mesa es una de las bases fundamentales del proceso electoral, y el Estado prevé un viático para garantizar su cumplimiento", afirmó la fiscal Pagano Mata.
La Cámara Nacional Electoral, con los votos de los jueces Daniel Bejas y Santiago Corcuera (disidió Alberto Dalla Vía), consideró que el acuerdo debía ser evaluado nuevamente. Los camaristas destacaron que el delito previsto en el artículo 132 representa un conflicto social que puede resolverse mediante mecanismos restaurativos, priorizando la armonía social por sobre un proceso penal estrictamente punitivo.
El fallo también remarcó que la interpretación restrictiva de la jueza Pandolfi "representa un retroceso al superado modelo punitivo inquisitorial". Asimismo, alentó la utilización de herramientas alternativas al juicio penal, como la conciliación y la reparación integral, esta última incluso de forma unilateral si cumple los requisitos legales.
"La principal exigencia que prescribe la ley es que la reparación ofrecida sea integral", concluyeron los jueces, ordenando analizar si la donación al hospital cumple con ese criterio y si permite extinguir la acción penal.