Uruguay debatirá la legalización de la eutanasia activa
De aprobarse, se convertiría en el tercer país de América en regularla.
Esta semana, Uruguay podría convertirse en el tercer país de América en regular la eutanasia activa, sumándose a Canadá y Colombia. El proyecto, debatido desde este martes en la Cámara de Diputados, busca legalizar el procedimiento para adultos con enfermedades incurables o que sufran dolores insoportables. La iniciativa permitiría a ciudadanos y residentes psíquicamente aptos acceder a este derecho, siempre bajo un protocolo médico específico.
El texto establece que podrán solicitarlo los ciudadanos uruguayos, naturales o legales, y los extranjeros con residencia habitual acreditada. El procedimiento requerirá la intervención de dos médicos y, en caso de desacuerdo entre ellos, de una junta médica. El objetivo es garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" en situaciones de enfermedad terminal irreversible o sufrimiento extremo.
La propuesta llega cinco años después del primer impulso parlamentario y tras un intento frustrado en 2022 que se aprobó en Diputados, pero quedó estancado en el Senado. Ahora cuenta con el respaldo del Frente Amplio y parte del Partido Colorado, aunque enfrenta oposición en el Partido Nacional y en agrupaciones como Identidad Soberana y Cabildo Abierto. La votación se prevé favorable.
En Uruguay, el Código Penal castiga con entre seis meses y seis años de cárcel a quien ayude a otro a suicidarse, aunque contempla la posibilidad de eximir de pena en casos de "homicidio piadoso" por súplica de la víctima. El Código de Ética Médica rechaza expresamente la eutanasia, por lo que, de aprobarse, la nueva ley modificaría este marco.
El antecedente legal más cercano es la Ley de Voluntad Anticipada, aprobada en 2009 y reglamentada en 2013, que permite a pacientes terminales rechazar tratamientos que prolonguen su vida. En 2019, el caso del exgerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Fernando Sureda, diagnosticado con ELA, reavivó el debate al pedir públicamente su legalización.
En marzo de 2020, el entonces diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley de eutanasia, impulsado por el reclamo de Sureda y el respaldo de organizaciones sociales. En 2021, el frenteamplista Luis Gallo presentó una iniciativa similar, y en julio de 2022 ambos textos se unificaron en un solo proyecto, que ahora vuelve al recinto con posibilidades concretas de aprobación.