La Corte de Nueva York decide si Argentina debe ceder el 51% de sus acciones en YPF
Si hay fallo adverso, el Gobierno acudiría a la Corte Suprema de ese país.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decide durante la jornada de este martes si la Argentina deberá entregar el 51% de las acciones que posee en YPF o si podrá continuar con la apelación sin desprenderse del capital accionario de una de las empresas más importantes del país.
El tribunal estadounidense de segunda instancia evaluará el pedido del Estado argentino de posponer la transferencia de las acciones —conocida como turnover—, medida dispuesta por la jueza Loretta Preska en el marco del litigio con el fondo de inversión Burford Capital, que reclama una indemnización millonaria por la expropiación de YPF en 2012.
El fallo podría tener consecuencias significativas para la economía y la política exterior argentina, especialmente si se determina que el país incurre en desacato. La condena inicial, dictada por Preska, obliga al Estado a pagar USD 16.000 millones, cifra que con intereses asciende a USD 18.000 millones.
UN CONFLICTO QUE SE ARRASTRA DESDE 2012
La disputa judicial comenzó con la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio, sostiene que el Estado y la petrolera funcionan como un "alter ego" y, por lo tanto, busca avanzar sobre otros activos estatales. El fondo incluso solicitó acceso a comunicaciones y documentos de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa, además de exigir la transferencia directa del paquete accionario estatal en YPF.
La jueza Preska ya ordenó entregar las acciones, pero la Argentina apeló y pidió un stay (suspensión) de la medida hasta septiembre, cuando la Cámara de Apelaciones analizará si la orden es válida.
TRES POSIBLES ESCENARIOS
Según fuentes judiciales, la Corte de Apelaciones podría:
Rechazar la suspensión y confirmar la entrega inmediata de las acciones.
Conceder la suspensión pero exigir garantías distintas al paquete accionario.
Aceptar la suspensión solicitada por Argentina.
En los dos primeros casos, el Gobierno estaría dispuesto a recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque esta instancia rara vez interviene en litigios de carácter administrativo.
RIESGO DE DESACATO Y SANCIONES
Si el fallo es adverso y la Argentina no cumple, podría ser declarada en desacato, lo que abriría la puerta a sanciones que irían más allá de las multas económicas: restricciones para emitir deuda, pérdida de confianza de los inversores e incluso medidas diplomáticas como la revocación de visas a funcionarios o ciudadanos argentinos.