Llega a juicio oral un aberrante caso de explotación sexual por streaming
Son 10 los acusados ante la Justicia Federal por "trata de personas con fines de explotación sexual". Engañaron a muchas mujeres con una supuesta salida laboral digital en pandemia y terminaron esclavizándolas.
El Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires prepara un debate inédito contra diez personas. Se trata de un juicio oral para la cual las víctimas (como testigos clave) darán testimonio con voces distorsionadas y caras pixeladas. Se trata de mujeres jóvenes a las que en plena pandemia de Covid19 y con el aislamiento social impuesto recibieron la promesa de "buenos ingresos y un futuro de modelaje" pero estaban unas 16 horas frente a la cámara obligadas a prácticas sexuales cada vez más explícitas.
Según la investigación de la Fiscalía fueron dos los iniciadores de esta trampa aberrante. En el contexto de pandemia, aislamiento social obligatorio y la impactante crisis económica que esto trajo "usaron su creatividad aprovechando en su beneficio la debilidad y vulnerabilidad de quienes habían caído en desgracia". Ellos administraban dos hoteles que se quedaron sin turistas. Se asociaron entonces con colombianos y contrataron a mujeres venezolanas como "instructoras". Todos, 10 personas en total, son las que afrontarán la acusación de "trata de personas con fines de explotación sexual".
La Justicia avanzó, a partir del trabajo de la fiscal Alejandra Mangano, integrante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Lo que había empezado como un negocio de sexo online (un Onlyfans pero con jefes) terminó siendo un infierno para decenas de mujeres a las que se obligaba a jornadas de 16 horas frente a la cámara (a veces sin comer) para facturar los montos requeridos; sesiones de fotos humillantes; extorsiones; amenazas; hasta un aborto en vivo. Todo esto fue denunciado por 4 víctimas –querellantes en el expediente– y confirmado luego por 11 mujeres más que declararon como testigos.
La causa explotó en octubre del año pasado con 16 allanamientos. Los 10 acusados (tres de Colombia, tres de Venezuela y cuatro de Argentina) fueron procesados por el juez Sebastian Casanello. Pese a la gravedad de la acusación, por decisión de la Cámara de Apelaciones, llegaran a juicio en libertad. Ahora el expediente está en manos de los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico. Los integrantes del Tribunal Oral Federal N°1 ordenaron una serie de medidas, como instrucción suplementaria, para preparar lo que será un juicio inédito. Entre ellas está el análisis de 123 dispositivos electrónicos, entre CPUs, pendrives, 21 celulares y discos rígidos.
Las medidas más importantes tienen que ver con la protección de las víctimas. Por eso las 15 declaraciones (cuatro víctimas y 11 testigos) serán enviadas al área de Criminalística y Estudios Forense de Gendarmería para que se distorsionen sus voces y pixelen sus caras. Cada una declaró en Cámara Gesell entre dos y tres horas. El pedido de identificación de denunciantes y testigos de cargo había sido pedido por los abogados defensores alegando el derecho de sus clientes a conocer quien los acusa, tema siempre controvertido cuando se llega a la etapa de juicio oral con arrepentidos o personas con identidad protegida.
LA TRAMPA EN DETALLES
Los primeros avisos utilizados para captar a quienes necesitaban conseguir ingresos mostraban frases como "Sé parte de esta empresa, no lo sueñes, vivilo". Era un buen gancho por redes que atrajo a muchas mujeres, sobre todo en una época (principios de 2020) en la que muchas habían perdido su trabajo por la pandemia.
De hecho, en un comienzo todo parecía marchar bien: los horarios se respetaban, el manejo era cuidadoso: no las obligaban a hacer escenas fuertes sino más bien contenido erótico: Las habían anotado como servicio doméstico de los hoteles para que pudieran circular por la calle con permiso durante el aislamiento.
Una vez en la etapa de explotación, los imputados comenzaron a modificar las condiciones propuestas a las víctimas, exigiéndole la realización de actos de índole sexual cada vez más explícitos en contra de su voluntad, como obligarlas a atarse y penetrarse entre sí utilizando un "dildo" y utilizar vibradores manipulados de manera remota y simultánea vía bluetooth por los "clientes". Todo esto consta en expediente que firmó la fiscal como requerimiento de elevación a juicio.
Allí también se explica que para sostener el sometimiento de las víctimas y su explotación los imputados las denigraban con insultos, las incitaban a consumir alcohol y estupefacientes. Además, las responsabilizaban por la falta de generación de ganancias y las endeudaban con la organización a modo de inversión exigiéndoles la compra de lencería, indumentaria, cremas y vibradores, cuyo valor en dólares era descontado de sus ingresos.
El expediente agrega situaciones aún más aberrantes como un sistema de multas en dólares por faltas varias: "Por llegadas tarde (descuento de al menos 20 US$), ausencia (penalidad de 35 US$), demoras en el baño (sanción de 10 a 20 US$), negarse a la realización de producciones de fotos o utilización del teléfono celular (multa de 20 US$) e incluso alimentarse (penalidad de al menos 20 US$).