Argentina insiste ante la Justicia de EE.UU. para evitar ceder el control de YPF
La solicitud fue respaldada por el gobierno de Estados Unidos a través de un amicus curiae, en el que también alertó que ejecutar la sentencia podría violar la inmunidad soberana de Argentina.
Argentina solicitó formalmente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que suspenda de manera definitiva la orden judicial que obliga al Estado a entregar el 51% de las acciones que posee en la petrolera YPF. El pedido fue presentado en el marco de la causa iniciada por los fondos Petersen y Eton Park, representados por el litigante Burford Capital, y se produce mientras aún resta que el tribunal decida sobre la cuestión de fondo: si la expropiación de 2012 fue ilegítima y si el país debe pagar una indemnización de más de 17.500 millones de dólares.
La solicitud fue respaldada por el gobierno de Estados Unidos a través de un amicus curiae, en el que también alertó que ejecutar la sentencia podría violar la inmunidad soberana de Argentina. Esta postura fue duramente criticada por Burford Capital, que insistió en que el país deberá pagar los USD 16.000 millones establecidos en primera instancia por la jueza Loretta Preska.
Los argumentos presentados por la Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, insisten en que la entrega de las acciones sería un acto irreversible y dañino para el Estado argentino, ya que implicaría la pérdida del control sobre su principal empresa energética. Además, aseguran que la orden judicial vulnera principios fundamentales del derecho internacional, como el "comity" o cortesía entre Estados, y contradice la Ley de Inmunidades Soberanas de EE.UU.
ENTRE LOS PUNTOS DESTACADOS, EL GOBIERNO ARGENTINO SEÑALÓ QUE:
Las acciones de YPF están en territorio nacional y no tienen relación con actividades comerciales en Estados Unidos.
La transferencia implicaría un daño irreparable e irreversible para el país.
La ley argentina impide la venta de esas acciones sin aprobación del Congreso, por lo que no existe riesgo de "disipación" de activos.
La ejecución de la orden afectaría a terceros, incluyendo a YPF, sus accionistas y al pueblo argentino, además de generar posibles represalias judiciales contra EE.UU. en otros países.
El tribunal ahora tiene varias opciones: podría aceptar el pedido de suspensión sin condiciones, otorgarla con exigencia de garantías o rechazarla. En este último caso, el Gobierno ya anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Si bien no hay plazos definidos para el fallo, se espera una resolución en las próximas horas o días, dada la urgencia del caso y su impacto político, judicial y económico.