El presidente de Ecuador propone castración química para los violadores
La propuesta incluye también un registro confidencial de ofensores sexuales y ya fue enviada a la Corte Constitucional.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió la propuesta de castración química para violadores a la Corte Constitucional, como parte del procedimiento obligatorio que establece la ley antes de su posible debate en la Asamblea Nacional.
Por su parte, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, durante una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet, defendió la medida como una respuesta necesaria y proporcional frente a los altos niveles de reincidencia en delitos sexuales.
"El presidente Daniel Noboa fue claro y contundente: los violadores merecen la castración química y la cárcel", declaró Jaramillo. Añadió que la reforma plantea un cambio en el artículo 393 de la Constitución para permitir que la Asamblea, mediante ley, implemente este mecanismo en casos de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación.
Asimismo, la propuesta contempla la creación de un registro confidencial de ofensores sexuales, con el objetivo de prevenir su participación en actividades vinculadas a niñas, niños y adolescentes. El mismo será de carácter confidencial y no tendrá efectos punitivos adicionales: solo podrá ser consultado por su titular en actividades económicas que impliquen contacto directo con menores.
El Gobierno ecuatoriano cita como precedentes a países como Chile y Colombia, que cuentan con registros de inhabilidades para condenados por delitos sexuales, y a otros como Estados Unidos, Polonia, Rusia, Corea del Sur e Indonesia, que han implementado la castración química como mecanismo preventivo para agresores reincidentes.
La propuesta llega acompañada de datos que el Ejecutivo considera alarmantes. Entre agosto de 2014 y mayo de 2025, se registraron más de 71.000 procesos judiciales por delitos sexuales, de los cuales el 22 % fueron cometidos contra menores de edad, según el sistema SATJE del Consejo de la Judicatura. Además, de cada diez víctimas de violación, seis son niñas, niños o adolescentes, de acuerdo con cifras de la Fiscalía.
"La reforma no distingue entre curas, políticos o empresarios. Se aplicará a toda persona que tenga una sentencia ejecutoriada por el delito de violación", remarcó Jaramillo.