Un conflicto que va hacia un embudo, donde los perjudicados serán los usuarios
El viernes los empresarios hicieron una presentación formal anticipando reducción de servicios. El sector gremial prepara medidas de fuerza. El Estado aporta más de $ 1.600 millones por mes y no hay margen para aumentar esa cifra.
La situación del transporte público de pasajeros en el Area Metropolitana de Resistencia parece encaminada hacia un conflicto de muy difícil solución y en donde las familias que dependen de los colectivos para ir a trabajar o enviar a sus hijos a las escuelas, aparecen como las "convidadas de piedra".
Las empresas que tienen concesionadas las líneas de colectivos del área metropolitana presentaron el viernes un documento que, de alguna manera, se filtró en los días previos a los medios de comunicación. En el fondo hubo un reclamo por más fondos para asumir íntegramente los servicios que deben prestar. Sin embargo, se sabe que el aporte estatal provincial está en un límite muy difícil de mejorar.
Desde la eliminación del gobierno nacional del Fondo Compensador del Transporte, el Estado chaqueño aporta mensualmente de $ 1.200 millones que involucra los boletos gratuitos estudiantiles y docentes. Pero además, Nación mantiene otros $ 400 millones enmarcados en el programa nacional Tarifa Social Federal (descuentos a jubilados y otros grupos vulnerables).
EN ESTADO DE CRISIS
El documento enviado por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) TCM y ERSA, habla de una imposibilidad de cumplir con lo que en su momento se había firmado en las concesiones y por ello anticipa los recortes de servicios que llevará por añadidura a disminuir haberes a los choferes por suspensiones parciales, ya que muchos no cumplirán las jornadas completas. El planteo del sector empresario se define como proceso preventivo de crisis, que es el mecanismo legal que la ley habilita a las empresas para encontrar soluciones a situaciones difíciles.
Por el lado del sector gremial, el secretario general de UTA Chaco, Raul Abraham confirmó a Diario Chaco que aun no fueron notificados oficialmente sobre la presentación de los empresarios pero que "no nos sorprende; estamos al tanto de este planteo".
Luego reconoció que "la ley les permite suspender por disminución de tareas, falta de trabajo, razón económica, fuerza mayor, muchos otros factores. Pero tendrán que mostrar verdaderamente una crisis. Todo eso se discutirá cuando se convoque a las audiencias". También anticipó: "nosotros iniciaremos las medidas de fuerza cuando veamos que nuestros compañeros estén en riesgo. Todo esto arrancó cuando quitaron los subsidios y ahora ya se está tocando fondo, lo cual lo vinimos anticipando hace mucho tiempo".
Finalmente recordó: "Desde mediados de la década del 90 hasta el 2007, que llamaron a la licitación, cayeron muchas empresas y de los 1.200 trabajadores quedaron poco más de 100. Cuando más se dañe el servicio más vamos a resistir y defender las fuentes de empleo".