El Gobierno creó una nueva agencia de control de servicios públicos de transporte
Se trata de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que asumirá funciones vinculadas a la fiscalización y control del transporte de jurisdicción nacional.
El Gobierno nacional avanza con una reestructuración del sistema de control del transporte al disolver la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, además de reorganizar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Todas estas dependencias estaban bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
La medida se oficializará en el Boletín Oficial. Así, se creará un nuevo ente denominado Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que asumirá funciones clave vinculadas a la fiscalización y control del transporte de jurisdicción nacional.
Entre las funciones previstas, se destaca el control del cumplimiento de contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación del transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas. También estará a cargo de las inspecciones técnicas, la solicitud de documentación a concesionarios y operadores, y la fiscalización de los servicios viales.
El nuevo organismo tendrá la facultad de aplicar sanciones previstas por ley y penalidades establecidas en los contratos ante incumplimientos. Además, podrá intervenir en conflictos vinculados a la modalidad de acceso abierto en concesiones ferroviarias, investigar accidentes de gravedad en el sistema ferroviario, y coordinar con otros entes públicos investigaciones técnicas para mejorar la calidad, eficiencia y seguridad operacional de los servicios.
Otro de los roles será la protección de los derechos de los usuarios, mediante la recepción y seguimiento de quejas y denuncias. También podrá requerir la intervención de la fuerza pública para ejercer sus funciones.
La agencia, además, estará habilitada para percibir tasas, derechos y aranceles por tareas de fiscalización, aunque la determinación de esos montos deberá contar con la intervención de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, podrá proponer la suspensión de permisos o licencias, que deberán ser resueltas por la Secretaría de Transporte.
El Poder Ejecutivo está habilitado a modificar o eliminar competencias y estructuras cuya existencia resulte innecesaria, así como a transferir funciones a provincias, siempre que se garantice la asignación de recursos.