Lo que sigue costando las acciones de YPF: un abogado cobra 1.800 dólares la hora
Se trata de Robert Joseph Giuffra Jr. Es uno de los profesionales que defenderá la posición argentina en los tribunales de Nueva York.
El gobierno argentino prepara la apelación formal del fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a dos fondos buitres que litigaron contra el país por la expropiación de la petrolera en el 2012. En este contexto, se supo que la estrategia legal del país en el juicio que enfrenta el Estado por la expropiación de la petrolera en el 2012, estará a cargo el reconocido abogado Robert Joseph Giuffra Jr.
Según información de Bloomberg y The Wall Street Journal, él es uno de los abogados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Su prestigio es una carta que juega el país en este litigio sin precedentes, por la magnitud de los montos involucrados y el hecho de que haya un país soberano de por medio.
Los fondos beneficiados son Burford Capital y Eton Park, y el fallo dispuso que Argentina deberá pagar US$ 16.100 millones, más intereses que rondan los US$ 2,5 millones diarios. Los intereses ya habrían acumulado más de US$ 1.500 millones.
HONORARIOS ESPECIFICOS
El abogado Robert Joseph Giuffra Jr. es el co-titular del estudio Sullivan & Cromwell, que cobraría unos 1.800 dólares por cada hora que dedica a este caso de altísimo impacto. Ahora, en el litigio contra el Estado argentino, la relación con Giuffra la llevan los equipos de la Procuración del Tesoro de la Nación, la dependencia oficial encargada de defender los intereses judiciales del país.
Información que circula entre los bufetes de Nueva York describen a Giuffra Jr. como un profesional de alto perfil que dice ser cercano a la jueza Loretta Preska, que sucedió a Thomas Griesa en el Distrito Sur neoyorquino, y ahora dictó el fallo de gran impacto sobre la expropiación de YPF. Fue en ese juzgado donde se tomaron todos los casos de las últimas dos décadas vinculados con los sucesivos defaults de la deuda desde 2001 y las expropiaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.