YPF: el Gobierno pidió a la jueza suspender el fallo y no aceptará negociar
La Casa Rosada aspira a estirar los tiempos durante varios meses y cree que el valor del juicio es mucho menor a los USD 16.000 millones.

El Gobierno nacional solicitó a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, la suspensión del fallo que ordena el pago de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF. El objetivo de la medida es evitar la ejecución inmediata de la sentencia y ganar tiempo para avanzar en la apelación del caso en segunda instancia.
Según explicaron fuentes oficiales, la Procuración del Tesoro presentó un recurso cautelar, conocido como stay en la legislación estadounidense, que busca postergar la implementación del fallo hasta que se expida la Cámara de Apelaciones. En paralelo, el Ejecutivo prepara la presentación formal del escrito de apelación.
Desde la Casa Rosada aseguran que no habrá negociación con el fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo, hasta que no exista una resolución definitiva. Advierten que ejecutar la entrega de la mayoría accionaria estatal en YPF sería un "daño irreparable", y que el cumplimiento del fallo en esta instancia es "de imposible realización".
En caso de que Preska rechace la solicitud de suspensión, el Gobierno planea llevar el pedido directamente a la Cámara de Apelaciones. Con esta estrategia, buscan al menos estirar los plazos jurídicos por varios meses o, en el peor de los casos, obtener los 90 días que requiere formalmente la presentación de la apelación.
El Poder Ejecutivo sostiene además que el fallo tiene debilidades jurídicas que pueden permitir una reducción sustancial del monto. En ese sentido, la defensa oficial planteará que la cifra establecida, calculada en USD 16.000 millones, no está consolidada y que existen fundamentos legales para disminuirla incluso a "algunos cientos de millones de dólares".
Los argumentos giran en torno a la fecha de referencia que debe tomarse para calcular el valor de las acciones, el tipo de cambio aplicable, y el modo en que la jueza "dolarizó" el fallo, pese a que el estatuto de YPF fijaba una fórmula expresada en pesos. "Hay elementos razonables para que la Justicia estadounidense revise esta decisión", indicaron en el Ejecutivo.
Por otro lado, el Gobierno volverá a cuestionar la competencia de Preska para intervenir en el caso y calificará la sentencia como una "cuestión de gravedad institucional" para el país.
ANTECEDENTES
La demanda se originó por una supuesta violación al estatuto de YPF durante la expropiación de la petrolera en 2012. La jueza Preska falló en primera instancia a favor del fondo Burford, que compró los derechos del Grupo Petersen, argumentando que Argentina debió extender la oferta de compra de acciones a todos los accionistas y no solo a Repsol.
En medio de la disputa legal, la expresidente Cristina Kirchner pidió a legisladores del PJ que rechacen públicamente el fallo y alertó sobre el riesgo de ceder las acciones sin debate parlamentario. En tanto, Axel Kicillof, quien encabezó la expropiación en 2012, volvió a defender la decisión y advirtió que una eventual entrega de acciones no puede realizarse sin intervención del Congreso.
PRÓXIMOS PASOS
El proceso judicial sigue en curso y el Gobierno espera que la apelación se active "en cualquier momento". Mientras tanto, busca evitar una orden de ejecución que podría activarse a mediados de este mes si no se concede la suspensión.