YPF: entre fallo e intereses, la deuda de Argentina supera los US$ 17.500 millones
La jueza del segundo distrito de Nueva York, Loretta Preska, le ordenó al Estado argentino que transfiera el 51% de las acciones de la petrolera.
En un nuevo giro en la causa por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska del Segundo Distrito Sur de Nueva York ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios del fallo que condenó al país por US$ 16.100 millones. La decisión provocó una caída del 5,6% en las acciones de la compañía en Wall Street y generó fuertes reacciones políticas en Argentina.
El presidente Javier Milei confirmó desde sus redes sociales que el Ejecutivo apelará la resolución judicial. Mientras tanto, en Casa Rosada apuntaron contra Axel Kicillof, entonces ministro de Economía durante la estatización de la empresa en 2012. "Es responsabilidad directa del inútil soviético", lanzó el mandatario.
La causa judicial, que tuvo su fallo inicial en septiembre de 2023, se basa en que el Gobierno argentino no ofreció el mismo trato a todos los accionistas cuando expropió la participación de Repsol en YPF. La jueza Preska entendió que el Estado violó el estatuto de la empresa al no lanzar una oferta pública de adquisición para los tenedores privados.
A los US$ 16.100 millones ya establecidos por la sentencia, ahora se suman US$ 1.650 millones en concepto de intereses por la demora en el cumplimiento, lo que eleva el monto total a unos US$ 17.750 millones, según estimaciones del analista Sebastián Maril. Se calcula que la deuda crece en casi US$ 3 millones por día.
El fallo de Preska instruyó al Bank of New York Mellon (BNYM) a recibir las acciones clase D que posee la Argentina en YPF y transferirlas a los demandantes Burford Capital y Eton Capital, o a quienes estos designen. La transferencia deberá concretarse en un plazo de 14 días.
Desde el entorno de Milei aclararon que será la Procuración del Tesoro la encargada de presentar la apelación ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York. Aunque el Gobierno evita dar detalles, especialistas como Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro, anticipan que la causa podría prolongarse más allá de 2025, ya que el tribunal de apelaciones aún no fijó fecha de audiencia ni tiene plazos para emitir un fallo.
Además, se abre otro frente: la Ley de Expropiación de YPF establece que cualquier transferencia de acciones debe ser aprobada por el Congreso con mayoría de dos tercios. Esto podría sumar una instancia adicional de conflicto legal y político.
Mientras tanto, el juicio sigue su curso y los costos para la Argentina continúan aumentando.