La Fiscalía requirió la elevación a juicio de la causa IAFEP
Por la causa que investiga las obras sin finalizar y supuesta malversación de fondos en el organismo que lidiaba con cooperativas durante la gestión anterior, hay dos personas con prisión preventiva.
La fiscal Graciela Griffith Barreto solicitó la elevación a juicio de la causa IAFEP, en la que está detenido el exfuncionario chaqueño Mauro Andión.
La investigación, conducida por el Ministerio Público Fiscal, concluyó con la acusación contra el expresidente del organismo y otros implicados por presunta administración fraudulenta y malversación de fondos públicos durante la gestión anterior.
Según el requerimiento, al cual este medio accedió, Andion, durante los años 2022 y 2023 en su caracter de presidente del organismo, "había celebrado contratos con organizaciones sociales para la construcción de viviendas y galpones; ordenó el trámite de expedientes que presentaban irregularidades; suscribió todos los certificados de anticipo de obra, certificados parciales propocionales y certificados de finalización de obras que no fueron ejecutadas o construidas en porcentajes mínimos entre el 10 y 17%".
"Pese a la existencia de observaciones en dicha tramitación por parte de la Dirección de Administración, autorizó pagos a las organizaciones sociales para la construcción de soluciones habitacionales, para la entrega de kit de materiales y asistencia financiera no reintegrable para la compra de herramientas de construcción (...), dictando resoluciones contrarias a la Ley", resaltó el MPF.
En diálogo con Diario Chaco, la defensa de Andión, a cargo del reconocido penalista Marco Molero, anunció que no presentará oposición al pedido de elevación a juicio, con el propósito de agilizar el proceso y llegar cuanto antes al juicio oral bajo la jurisdicción de la Cámara Tercera en lo Criminal.
No obstante, esta decisión dependerá de las acciones de los demás defensores involucrados, quienes cuentan con un plazo de tres días hábiles para presentar o no un recurso ante el Juzgado de Garantías.
Molero cuestionó la solidez de las pruebas, afirmando: "La actividad probatoria es bastante flojita. Las obras que se dice que no están hechas, están realizadas. Ese es el principal defecto del caso. Las obras que supuestamente no existen, existen. Esta defensa considera que se trata de desprolijidades administrativas".
Asimismo, el abogado desestimó la magnitud inicial del caso: "Se habló de un perjuicio de miles de millones de pesos, pero se demostró que el monto es infinitamente menor. Lo que se presentó como una megacausa, en realidad, es una causita".