Impulsan un nuevo régimen de concesiones de obra pública en Chaco
La iniciativa deroga una ley vigente y busca permitir que privados financien, diseñen y operen obras públicas, con incentivos fiscales y "reglas más claras".
En la Cámara de Diputados del Chaco se presentó un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de concesiones de obras y servicios públicos, además de actualizar el sistema de participación público-privada (PPP) en la provincia. La iniciativa es impulsada por los diputados Iván Gyoker y Maida With, y busca remplazar a la antigua Ley N.º 1053-A.
Según se expone en sus fundamentos, la ley busca "superar las limitaciones presupuestarias del Estado provincial y acelerar el desarrollo de obras claves para el bienestar de los chaqueños". Para ello, habilita la participación del sector privado en etapas como la financiación, diseño, construcción, mantenimiento y explotación de obras públicas o servicios, a cambio de su explotación por un período determinado.
Entre los aspectos clave, se establece que los contratos podrán tener plazos fijos o variables, y se definirá un retorno a la inversión en base a indicadores como la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor Actual Neto (VAN). Además, las concesiones ya no se adjudicarán "por discrecionalidad", sino con base en criterios "económicos verificables" y objetivos técnicos, como eficiencia, sostenibilidad o mejoras en el servicio.
El régimen también habilita mecanismos automáticos de actualización por índices oficiales y permite la presentación de proyectos por iniciativa privada, siempre que cuenten con financiamiento exclusivo del sector privado.
FONDO DE GARANTÍA Y BENEFICIOS FISCALES
Uno de los elementos nuevos es la creación de un fondo de garantía y financiamiento anticipado, estructurado mediante fideicomiso, para facilitar la ejecución de obras antes de su adjudicación formal. Este fondo podrá recibir aportes de privados, que podrán computarse como crédito fiscal de hasta el 30% en Ingresos Bruto, y aportes del Estado provincial.
"Se incorpora un fondo de garantía y financiamiento anticipado, estructurado mediante un fideicomiso único. Este fondo, aplicable a ambos regímenes, podrá recibir aportes privados con crédito fiscal de hasta el 30%, además de aportes públicos. Estará facultado para ejecutar obras previas a la adjudicación y securitizar flujos futuros del contrato (peajes, cánones o pagos por disponibilidad), apalancando inversiones", fundamentan los autores del proyecto.
Además de incorporar modalidades como el esquema de "Proyecto-Precio" y la posibilidad de crear sociedades de propósito específico, el nuevo marco establece que los contratos podrán prever mecanismos de resolución de conflictos como arbitrajes o paneles técnicos, y se obliga al Ejecutivo a presentar informes técnicos periódicos a la Legislatura.
El nuevo régimen deja fuera de su aplicación a la Ley de Obras Públicas y al Registro de Constructores, salvo que los contratos o pliegos hagan remisión expresa. Se permite también la transferencia parcial o total de contratos bajo ciertas condiciones.
Participación público-privada con reglas actualizadas
En lo referido a la participación público-privada (PPP), la norma adapta y actualiza la adhesión provincial a la Ley Nacional 27.328, reformando la Ley 2.665-F. Se crea el Consejo de Participación Público-Privada Chaco con funciones específicas, como asesorar al Ejecutivo, promover proyectos, diseñar marcos normativos y asistir en licitaciones.
Según destacan Gyoker y With, esta actualización corrige omisiones que impidieron la implementación efectiva del régimen nacional, como la falta de funcionamiento real del Consejo y la ausencia de instrumentos técnicos y financieros adaptados a la realidad chaqueña.
"La adhesión vigente creó, por ejemplo, el Consejo de Participación Público-Privada, pero sin definir su funcionamiento ni articular las adaptaciones normativas necesarias para activar el régimen. Esta ley subsanará esas omisiones", explican los legisladores en los fundamentos.
"Frente a los modelos tradicionales de obra pública, este régimen ofrece ventajas claras: compartición de riesgos entre Estado y privado, financiamiento directo sin endeudamiento público inmediato, mayor velocidad de ejecución, mejoras en calidad y mantenimiento, y apertura a la innovación en diseño, operación y gestión", concluyeron Gyoker y With.