Evitar muertes en la ruta o morir en una multa

La Seguridad Vial pocas veces es vista como una prioridad hasta que uno se siente atravesado por el dolor de alguien cercano que perdió la vida en un siniestro vial. Es decir, en un choque cuyas circunstancias indican que pudo ser evitado. Por eso este programa que arranca en este domingo, día del padre, nos impulsó (por respeto al dolor de tantas familias que sentirán ausencias) a ver a fondo todo lo que implica y lo que puede generar.

AGARRAR LOS LIBROS, PORQUE NO MUERDEN

Esta insistencia en leer a fondo la legislación, comprenderla y ponerla en juego con todos sus detalles tiene un propósito. Los ejemplos abundan de programas y movidas que el propio Estado estropeó por no saber cumplir con las leyes que enmarcaban cada actividad. Así las mejores iniciativas se hicieron trizas.

Tal vez pocos aspectos estén tan claramente redactados en la legislación argentina como el de la seguridad vial, al punto que invita a quienes somos legos a meternos en él y aprender sin necesidad de un traductor o un glosario.

La Ley N° 26.363 creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y le otorgó una misión desde su primer artículo: la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de seguridad vial nacionales. Por eso se entiende que lo que se va explicando desde ahí son funciones de prevención y control del tránsito en las rutas con herramientas específicas como el Plan Nacional de Control de Alcoholemia, el Plan Nacional de Control de Velocidad y el Plan Nacional de Controles Específicos. Todos, aprobados hace años por el Consejo Federal de Seguridad Vial, donde participan todas las provincias argentinas y –justamente- gracias al cual ningún gobierno local puede desentenderse de las decisiones federales que se toman.

De este esquema surgió la reglamentación para los operativos de fiscalización de velocidad, incluyendo dispositivos automáticos controladores de velocidad (radares) debidamente homologados, en rutas, caminos, autopistas y semiautopistas de jurisdicción nacional. Es decir que todo esto que pone en marcha la provincia a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial desde este domingo 15 de junio tiene perfectamente delineado el camino de la legalidad para que realmente sirva a los propósitos declarados y no termine desviándose o generando un fiasco (como aquel de los primeros meses de 2024 cuando las multas ilegales se amontonaron de a miles y que fue resuelto solo por la buena decisión política del Ejecutivo y los diputados con una ley que corrigió la situación).

 

La insistencia en leer a fondo la legislación y ponerla en juego con todos sus detalles tiene un propósito. Los ejemplos abundan de programas y movidas que el propio Estado estropeó por no saber cumplir con las leyes que enmarcaban cada actividad. Así las mejores iniciativas se hicieron trizas.

 

EL QUE AVISA NO TRAICIONA

Muchas provincias cargan con antecedentes memorables y repudiables. Casi nadie quedó exento durante años de las multas generadas a mansalva por municipios de Misiones, Córdoba o Corrientes. Tan mal se hizo aquello que la legislación para reacomodar la situación resultó muy clara y taxativa. Por eso, por ejemplo, se ha determinado la cartelería, con los tamaños y formatos definidos, para anunciar la presencia de los dispositivos cinemómetros y que su uso no sea una trampa "cazabobos". La única manera que todo esto provoque el efecto de una conducción segura es con un cambio drástico en la conducta de miles de automovilistas y si muchos de ellos siguen viendo en la colocación de radares una simple trampa para recaudar, vamos a seguir girando en la rueda de un hámster, sin resolver absolutamente nada.

Por eso, para que el Estado pueda ser riguroso en el control y en el cobro de las multas, debe ser el que cabalmente cumpla con las leyes que enarbola para esta movida. La Disposición 492 del año 2019 de la ANSV especificó los detalles para que toda la fiscalización a través de radares sea ajustada a la ley.

Uno de los aspectos que fueron especificados es que "la fiscalización mediante el uso de los cinemómetros se aplique en el caso de realizar la detención de vehículos a efectos de la notificación de la infracción constatada". Puntualmente exige que "la falta debe ser notificada al conductor dentro de los 10 kilómetros del lugar donde se hubiera verificado". Agrega, para dejarlo muy claro: "Es recomendable disponer el puesto de control para la notificación a una distancia mínima de 2 kilómetros con posterioridad a la ubicación del radar".Queremos creer que la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia leyó esta parte de la normativa y cumplirá con esa notificación inmediata en los 19 puntos donde estarán funcionando los radares desde este domingo 15.

Se han visto avances en la señalización vertical en diversas rutas en territorio chaqueño advirtiendo la presencia de los radares. Según la misma reglamentación, el primero de los carteles debe estar a 900 metros respecto de la ubicación del dispositivo original, con un mensaje escueto: "radar vigila". Luego, 700 metros antes del mismo punto de referencia, un cartel que indique "Fiscalización de velocidad realizado por…" y el organismo que está a cargo. El siguiente cartel debe decir "Atención radar móvil" a 300 metros de la anterior y con antelación de 400 metros de la ubicación exacta del cinemómetro. Luego tiene que aparecer la señal de la velocidad máxima para ese radar y eso tiene que estar 300 metros antes de este.

 

la Ley exige al Estado que "la falta debe ser notificada al conductor dentro de los 10 kilómetros del lugar donde se hubiera verificado". Agrega, para dejarlo muy claro: "Es recomendable disponer el puesto de control para la notificación a una distancia mínima de 2 kilómetros con posterioridad a la ubicación del radar." 

 

Todos esto no es antojadizo. Tiene que ver con una reglamentación que –insistimos- permite al Estado realizar un trabajo correcto y a fondo de prevención de la seguridad vial, es decir, de anticiparse y evitar situaciones que puedan llevar a la muerte de personas por siniestros viales en las rutas argentinas. Sólo así, el plan cumplirá un rol preventivo y permitirán que el proceso sea absolutamente legal y que la sanción, en el caso de corresponder, pueda ser cobrada. De lo contrario, cualquier ciudadano está en condiciones de alegar con firmeza una ilegalidad en el uso de estos radares por parte del Estado en las rutas.

DE AHORA EN MÁS

La decisión está tomada y desde este domingo 15 de junio van a comenzar a funcionar y a realizar multas los 47 cinemómetros instalados en la provincia y cuyo detalle de ubicación, Diario Chaco  los da a conocer en un artículo en esta misma edición.

Esperamos y anhelamos que en esta oportunidad el Estado esté a la altura de la circunstancia y no tenga que volver atrás como lo fue en 2024. Según los anuncios oficiales, van a estar controlando 19 puntos conflictivos reconocidos como tales por estadísticas de siniestralidad. Todos sabemos que estas zonas críticas también permiten ver también los lugares en donde la gente menos se apega a las leyes de tránsito. Para ello, lo que haga la provincia en articulación con municipios, con el área de salud y con la fuerza de seguridad va a ser indispensable. Ojalá se entienda que una vez más se va a poner en juego esta idea expresada como un deseo de cuidado para que haya menos muertes en las rutas, pero que nunca dio verdaderos resultados favorables.

LA OTRA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Extrañamente hasta ahora, solamente la Federación Económica del Chaco ha sido la institución que salió a pedir que antes de instalar los 47 radares y de que estos comiencen a generar multas, se avance con un programa de recuperación de muchas de las rutas nacionales y provinciales. La Bolsa de Comercio, las instituciones de base de la actividad rural y hasta el sindicato de camioneros deberían también decir lo suyo.

Fuera de los micrófonos, todos coinciden en que Vialidad Provincial realiza un buen trabajo de mantenimiento de rutas provinciales y de caminos vecinales que en esos casos se coordinan con los consorcios camineros. Esa red está, por dar una referencia, en una mediana calidad para su uso. Pero las rutas nacionales, sobre todo la 16 y la 11, que son estratégicas por su recorrido tienen un nivel de deterioro que lleva años; y cuando se expresan años se dice varias gestiones de gobiernos nacionales sin dar las respuestas que corresponden.

 

Ojalá se entienda que una vez más se va a poner en juego una idea expresada como un deseo de cuidado para que haya menos muertes en las rutas; algo que nunca dio verdaderos resultados favorables.

 

Con la concesión de algunos tramos de esas rutas desde hace más de 30 años, la única certeza que tenemos es dónde hay que pagar peaje, pero este detalle no ha sido un factor para asegurar que al menos esos tramos estén en condiciones seguras de transitabilidad. Esto lo sufrimos todos, tanto los vehículos particulares y mucho más los de carga, teniendo en cuenta de qué manera la producción primaria chaqueña y lo poco que hay de actividad industrial debe salir por esas mismas rutas.

En pocas semanas iremos viendo cuánto de lo planificado se va cumpliendo. El espíritu de escribir todo esto (incluso las advertencias más fuertes) contiene un profundo deseo que sí vayamos modificando la base de las conductas, con el respeto a las leyes viales. Pero no se puede ser ciegamente optimista. Como tantas veces se ha escrito, no dependerá de una sola voluntad. Asi que lo iremos viendo; juntos.

Por David Gauna