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La Justicia evalúa dar prisión domiciliaria a CFK y le prohíbe salir del país

Mientras se analizan las condiciones de detención de los condenados en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 advirtió a Migraciones para evitar fugas.

La Justicia busca subastar bienes millonarios de la familia Kirchner, luego del fallo de la Corte Suprema.

El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), encargado de ejecutar la sentencia en la causa Vialidad, definirá en los próximos días si otorga el beneficio del arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, se dispusieron medidas preventivas para impedir cualquier intento de eludir la Justicia, incluida la notificación a la Dirección Nacional de Migraciones para restringir la salida del país de los nueve condenados.

El tribunal, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, mantiene vigente el plazo de cinco días hábiles que fijó esta semana para que todos los imputados se presenten ante la Justicia. Entre ellos se encuentran Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti. En el caso de Cristina Kirchner, los jueces ya iniciaron el análisis de su legajo con miras a determinar si puede acceder a la prisión domiciliaria, tal como solicitó su defensa.

Los abogados de la ex mandataria pidieron que no se ejecute la orden de detención hasta que se resuelva su situación, y solicitaron que se "suspendan los efectos del fallo de la Corte Suprema" que confirmó la condena en su contra. Cristina permanece en su departamento de la calle San José, en la Ciudad de Buenos Aires.

El caso presenta particularidades. Algunos de los condenados residen en diferentes provincias y en ciertos casos se detectaron domicilios desactualizados. Además, el tribunal debe tener en cuenta factores como la edad avanzada (Periotti tiene casi 80 años), patologías médicas (como las que afectan a Pavesi y López) o antecedentes judiciales, como el arresto domiciliario que ya tenía Báez.

En cuanto a Cristina Kirchner, su condición de ex presidente y ex vicepresidente requiere evaluaciones especiales sobre su seguridad. Además, fue víctima de un intento de magnicidio, un hecho que aún se encuentra bajo juicio oral.

Por esa razón, el TOF 2 ordenó realizar informes socioambientales sobre su lugar de residencia y solicitó al Ministerio de Seguridad detalles sobre los posibles lugares de detención adecuados para cada uno de los condenados.

En paralelo, el tribunal también notificó a la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex presidente, lo que impide su participación en futuras elecciones. 

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