El Gobierno multará y denunciará a los bancos que retengan el "impuesto al cheque"
Se trata del cuarto tributo más importante de recaudación. El mismo, grava las transacciones bancarias con una alícuota del 1,2%.
El Gobierno sospecha que algunas entidades bancarias no estarían declarando en tiempo y forma los ingresos correspondientes al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, más conocido como "impuesto al cheque". Este tributo, que grava las transacciones bancarias con una alícuota del 1,2%, representa cifras millonarias debido al gran volumen de movimientos.
La denuncia que prepara el Ejecutivo se enfoca en el incumplimiento del pago que los bancos, en su rol de agentes de retención, deben realizar quincenalmente al fisco. En caso de detectar irregularidades, se aplicarán sanciones económicas y se impulsarán denuncias penales contra las entidades infractoras. Por ejemplo, una de las instituciones bajo investigación habría registrado movimientos por $ 2.200 millones en un solo mes.
Durante el año pasado, la recaudación por este impuesto alcanzó los $ 9.417.135 millones, lo que representó un incremento interanual de casi el 200%. Actualmente, el impuesto al cheque constituye alrededor del 7% del total de la recaudación tributaria, ubicándose como el cuarto tributo más importante, detrás del IVA, los aportes a la Seguridad Social y el Impuesto a las Ganancias.
Es importante recordar que ciertas operaciones están exentas del pago de este impuesto, como la acreditación de préstamos, sueldos, jubilaciones, pensiones y transferencias entre cuentas del mismo titular.
La investigación del Gobierno no es casual y se enmarca en una estrategia más amplia para reforzar la recaudación, vinculada a recientes medidas oficiales relacionadas con los llamados "dólares del colchón". En ese sentido, este jueves se envió al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de ofrecer incentivos a quienes decidan ingresar sus ahorros en moneda extranjera al circuito formal, ya sea mediante la compra de bienes o inversiones financieras.
Entre los cambios propuestos, se destaca una reforma sustancial en los montos a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) investigará posibles evasiones: el umbral actual de $ 1.500.000 pasará a ser de $ 100.000.000. Además, se propone reducir los plazos de prescripción del delito de evasión tributaria a tres años y restringir a la propia agencia la facultad de presentar denuncias penales.