Reactivan el proyecto para crear un Registro de Obstructores de Vínculos Familiares
Casos como el de la niña Cielo y el de Enzo Pittau impulsaron la reactivación en la Legislatura chaqueña de un proyecto originalmente presentado en 2022, que había sido rechazado en 2023 y perdió estado parlamentario.
El proyecto de ley, que fue presentado en 2022 por la exdiputada Élida Cuesta y que ahora vuelve a ser impulsado por el diputado Samuel Vargas, propone la creación del Registro de Obstructores de Vínculos Familiares. La iniciativa cobra relevancia frente a casos como los de la niña Cielo y Enzo Pittau, que evidencian las consecuencias que puede tener en niños el impedimento de contacto con uno de sus progenitores o con la familia extendida.
El objetivo central de la norma es identificar a aquellas personas que, teniendo a su cargo el cuidado de niños, adolescentes o personas con capacidad restringida, impiden el vínculo con el otro progenitor o familiares, a pesar de existir un régimen de comunicación fijado por la Justicia. Para ser incorporado en el registro, debe existir una orden judicial y una actitud persistente de obstrucción del contacto.
Una vez inscriptos en el registro, los obstructores podrán ser alcanzados por diversas restricciones: no podrán ser designados en cargos públicos, acceder a créditos o subsidios estatales, ni postularse como candidatos a elecciones provinciales. Además, se busca que el Tribunal Electoral y el Consejo de la Magistratura exijan certificados que acrediten que los postulantes no figuran en esa lista.
La propuesta también invita a los municipios y entidades bancarias o comerciales a usar esta herramienta como criterio para otorgar permisos, habilitaciones y productos financieros.
El proyecto surgió a partir del impulso de la organización "Infancia Compartida", que promueve el derecho de niños y niñas a tener una relación saludable con ambos progenitores. Desde ese enfoque, la creación del registro se plantea como una medida persuasiva y preventiva para garantizar el cumplimiento de los regímenes de comunicación y resguardar el bienestar emocional y afectivo de los menores.
El proyecto fue presentado originalmente en 2022, pero en 2023 fue rechazado y perdió estado parlamentario.